El reciente hallazgo de los cuerpos de soldados asesinados durante combates con disidencias de las FARC en Argelia, Cauca, plantea una serie de dilemas éticos y legales que trascienden el ámbito de un conflicto armado. El Ministerio de Defensa inicialmente argumentó que los cuerpos habían sido ocultados para proteger a los heridos y permitir un repliegue estratégico, pero posteriormente denunció que fueron profanados por integrantes del autodenominado Estado Mayor Central, bajo las órdenes de alias Dumar, líder de la compañía Alberto Poño de la estructura Carlos Patiño, acusado de amedrentar a las comunidades, ordenar atentados y decapitaciones de miembros de las Fuerzas Militares, violando gravemente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Este incidente pone de relieve la importancia de revisar las “leyes de guerra” del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tienen como objetivo limitar la conducta de las partes en un conflicto armado para disminuir el sufrimiento humano y proteger a los civiles y otras personas que no participan en el conflicto.
Las leyes de la guerra se remontan a concepciones humanitarias del siglo XIX y tienen su primer pronunciamiento en la Convención de Ginebra de 1864, que marcó el nacimiento de la Cruz Roja Internacional y estableció principios fundamentales para el trato humanitario a los heridos de guerra. A partir de este precedente, se desarrollaron otros convenios internacionales que profundizaron el derecho humanitario en situaciones de conflicto armado. Es fundamental destacar que las leyes de la guerra no solo imponen restricciones sobre las acciones durante el conflicto, sino que también establecen sanciones y penas para quienes violen gravemente estas normas.
En la actualidad, los crímenes de guerra están codificados en el Estatuto de Roma, que define claramente las infracciones graves a los Convenios de Ginebra como crímenes internacionales. Estos principios son esenciales para mantener la humanidad en los conflictos armados y asegurar la responsabilidad y rendición de cuentas de quienes cometan atrocidades en tiempos de guerra.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece claramente los crímenes de guerra, incluyendo el homicidio intencional, la tortura, la deportación ilegal o el confinamiento ilegal de personas, ataques deliberados contra la población civil y bienes civiles, y el asesinato de prisioneros de guerra. Estas violaciones graves a las leyes y usos aplicables en conflictos armados son inaceptables bajo cualquier circunstancia.
Es esencial comprender que, en el Derecho Internacional Penal, la responsabilidad recae en las personas y no en los Estados. El principio de responsabilidad individual, consagrado en el artículo 25 del Estatuto de Roma, establece que incluso los altos funcionarios, incluidos los jefes de Estado, pueden ser llevados a juicio si ordenan o cometen estos crímenes atroces.
Es crucial destacar que los crímenes de guerra no prescriben, lo que significa que no hay límite de tiempo para investigar y juzgar estos actos. Incluso si estos actos no violan las leyes internas del país donde se cometieron, siguen siendo crímenes internacionales que deben ser procesados y castigados.
Muy doloroso y condenable desde todo punto de vista.
En el departamento de Santander decimos: Eso es mucho lo jijueputas!