Por JOSE DAVID VARGAS TUÑON
Las ciencias jurídicas, además de ser, tal como lo señalaba Duverger, el mecanismo de coacción y legitimación del poder estatal, es también la vía de control por excelencia ante las actuaciones mesiánicas, despóticas y desproporcionadas que realice el mandatario en turno; tal como lo demostró la Corte Constitucional el día 08 de mayo del 2024.
Así, fue en la precitada fecha, el momento en que el máximo ente constitucional de la nación falló en derecho ante la demanda de varios congresistas del Centro Democrático que alegaron no haberse tenido en cuenta el impacto fiscal generado por la creación del armatoste burocrático pretendido por el gobierno en turno, llamado Ministerio de la Igualdad y equidad. En tal decisión, por unanimidad la Corte Constitucional, le dio la razón a los demandantes, cuando fue de atisbo –según la silla vacía- que el tramite tuvo diversos vicios al interior del congreso porque no se analizó el impacto fiscal que tendría, siendo el presupuesto de 500 mil millones–según El diario La República en la edición del 5 de julio del 2023-.
Eso sí, aunque tal decisión no fue de carácter inmediato, pues fue realizada con efectos diferidos a 2 años, dándole tal plazo al gobierno nacional para que tramite una ley nueva o asigne las funciones del ministerio a otras instituciones estatales; lo cierto es que al menos quedó sentada una posición de control ante los despropósitos que sean contemplados por este gobierno, aunque se tenga el apoyo del legislativo en pleno.
En este sentido, aun cuando se tomen decisiones en el gobierno democráticamente electo, siempre, conforme a la tipología de la norma por medio de la cual se plasme la voluntad de presidencia, estarán las determinaciones sometidas al imperio de la ley, por lo que podrán ser sujetas a control de la jurisdicción constitucional; lo que conlleva a una consolidación del sistema de separación de poderes y la observancia del principio de legalidad.
Ante tales circunstancias, garantizar la independencia de los organismos estatales, aun cuando puedan colaborar armónicamente para consecución de sus fines, es imprescindible para garantizar y consolidar una democracia robusta e inexorablemente ligada con los principios fundantes de un estado que observa tal forma de gobierno.
En consecuencia, la decisión de la Corte, demuestra que aún el margen de independencia no ha sido erosionado en su totalidad, a pesar de que se ha visto mermado ante las edulcoradas untaditas de mermelada que han venido saliendo a flote en forma de escándalos como aquel de la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd) que destapó la repartición de dadivas a los dos jefes del bicameral legislativo colombiano. Sin embargo, siempre que una constitución siga vigente, se vale seguir soñando con que la independencia será el principal baremo para medir las actuaciones de los entes estatales.
