La Ley 2281 DE 2023, que instituyó el Ministerio de la Igualdad y Equidad con Francia Márquez como ministra, fue revocada por la Corte Constitucional debido a fallos en su trámite y la ambigüedad en las facultades extraordinarias concedidas al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, los efectos de esta decisión se difieren hasta el final de dos legislaturas, dejando en suspenso su anulación definitiva hasta el 2026.
Por Daniela Mondragon, El Nuevo Liberal
En una decisión que ha sacudido el panorama político colombiano, la Corte Constitucional ha invalidado la Ley 2281 DE 2023, que establecía la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. Este movimiento judicial, que responde a demandas interpuestas por figuras prominentes como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y José Jaime Uscátegui, cuestiona tanto los procedimientos legislativos como la ambigüedad en los poderes concedidos al presidente Petro.
El artículo 12 de la ley, que otorgaba al presidente facultades extraordinarias durante seis meses, ha sido particularmente controvertido, ya que se considera una concesión excesiva de poder. Además, la Corte ha señalado la falta de análisis del impacto fiscal durante el proceso legislativo, lo que constituye un defecto crítico en la formulación de la ley, de acuerdo con lo establecido en la Ley 819 de 2003.
La revocación de esta ley, aunque no entra en vigor de inmediato, arroja incertidumbre sobre el futuro del Ministerio de la Igualdad y Equidad y sus políticas asociadas. La decisión de la Corte se ha interpretado como un recordatorio contundente de la importancia del escrutinio riguroso y la transparencia en el proceso legislativo, especialmente en lo que respecta a medidas de alto impacto como esta.
