por CARLOS E. CAÑAR SARRIA – carlosecanar@hotmail.com
Una de las instituciones más desprestigiadas y costosas económicamente, es el Congreso de la República; renuente en autodepurarse, ha sobrevivido de escándalo en escándalo, ajeno a los intereses colectivos y al bien público que debiera de ser su razón de ser.
Es importante no confundir la legalidad con la legitimidad. El Congreso ha subsistido entre la ilegalidad y la ilegitimidad.
Un Congreso es legal si ha sido elegido mediante mecanismos legales y si en el ejercicio de sus funciones y competencias actúa de acuerdo a los requerimientos de la Constitución y de las leyes.
Los congresistas representan al pueblo y su actuar debe estar basado en la justicia y en el bien común. Al menos así lo estipula la Constitución Política. Los senadores y representantes elegidos mediante el voto popular “son responsables políticamente ante la sociedad y frente a los electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”.
Un Congreso es legítimo, si logra conseguir consenso, es decir, en la medida en que sus electores y el pueblo en general, estén satisfechos con el Congreso que se tiene. En tiempos modernos, sus medidores son la opinión pública y el método de las encuestas. La más reciente encuesta de Invamer le da al Congreso una imagen positiva del 26% y el Panel de Opinión de Cifras & Conceptos 2023 un 42% . De seguro esta imagen de desvaforabilidad debe haber aumentado ante la tarea legislativa del presente año, tan polémica.
Políticamente cuando existe inconformidad generalizada hacia quienes ejercen el poder, se dice que hay crisis de legitimidad.
El Congreso ha vivido episodios de crisis no sólo de legalidad sino también de legitimidad. Y lo ideal es que los congresistas pudieran ser legales y legítimos al mismo tiempo, pero ello es verdaderamente difícil.
No se puede generalizar, hay congresistas que se la juegan por el pueblo.
En varios episodios de la historia reciente de Colombia han abundado señales evidentes de crisis de legalidad y de legitimidad del Congreso.
Que el Congreso se mantiene en deuda con el país, ha sido consuetudinario. Por propia iniciativa no ha podido cambiar. Frente a este hecho, desde hace mucho tiempo han surgido propuestas para superar la crisis del Congreso, tales como la convocatoria de unas nuevas elecciones, una revocatoria, una reforma política o con una asamblea constituyente.
Se ha hecho recurrente la famosa mermelada para que el Congreso le apruebe las reformas al Ejecutivo; cuando no hay mermelada o ésta es insuficiente, las reformas no se aprueban, más aún cuando hay compromisos adquiridos con personas y entidades que financian las campañas pero no les convienen las reformas y entonces el Congreso se caracteriza por impedir que se susciten los cambios que el pueblo necesita, actuando en contravía de quienes verdaderamente debieran representar y no lo hace.
En una democracia la separación de poderes es una regla fundamental; al Congreso le corresponde legislar mediante leyes buenas y útiles a la sociedad, que beneficien al pueblo como constituyente primario.
No se trata de que las reformas apoyen al presidente de turno, se trata de que el contenido de las reformas sean de corte popular y en condiciones realizables que beneficien al pueblo; por ello es absurdo manifestar que con el hundimiento de la reforma a la salud, el que pierde es el presidente Petro, lo mismo si se trata de aprobar las demás reformas que tiene pendiente el actual gobierno. Las circunstancias históricas en que se encuentra el país no están para mezquindades.
