Parte uno: Sin justicia restaurativa no hay Paz
Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha experimentado un proceso de deslegitimación y crisis, con una creciente desviación de los principios de la justicia restaurativa. Esta situación ha sido denunciada por diversas figuras políticas, incluyendo al presidente de la república, al suspendido canciller, al exsecretariado de las FARC y hasta el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ONU.
El presidente Petro reafirmó el compromiso del Estado colombiano con los términos del acuerdo de paz en una carta enviada a la Asamblea de las Naciones Unidas el pasado 20 de octubre de 2023. Sin embargo, en esta carta, Petro también expresó duras críticas hacia la JEP, instándola a cumplir sin dudas las normas que la crearon para garantizar la justicia. El presidente destacó la importancia de que la JEP aplique el mandato universal y garantista de la favorabilidad penal, así como el derecho a la amnistía en los términos pactados.
Por su parte el canciller suspendido Álvaro Leyva también criticó a la JEP durante una presentación ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Leyva señaló que la JEP se estaba alejando de las normas establecidas con el esfuerzo conjunto, dejando de lado principios fundamentales a favor de las víctimas, como la verdad, la reparación y la no repetición.
En el mes de febrero de 2024 siete antiguos miembros del secretariado de las FARC han enviado una carta al presidente Gustavo Petro, expresando sus preocupaciones sobre la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente en relación con la JEP. La misiva, que coincidió con la visita del Consejo de Seguridad de la ONU, denuncia que la JEP está apartándose del espíritu del acuerdo, lo que genera inseguridad jurídica para los excombatientes.
Los puntos críticos de la denuncia son:
- Los excombatientes argumentan que la JEP ha adoptado una interpretación propia del acuerdo, llevándolo hacia un enfoque judicial punitivo, alejado del espíritu original del acuerdo de paz.
- Los excomandantes critican el enfoque de la JEP en la resolución de macrocasos, argumentando que esto contradice la ley estatutaria del tribunal, que establece la necesidad de una resolución única de conclusiones.
- Expresan preocupación por la lentitud en la resolución de solicitudes de amnistía por parte de la JEP. De un total de 4.485 solicitudes tramitadas, solo 688 han sido concedidas, mientras que 3.804 han sido negadas. Esta situación, afirman, afecta la confianza en el proceso de paz y podría tener consecuencias negativas para la estabilidad del país.
- Los excomandantes argumentan que la vinculación de exintegrantes de bajo rango en las investigaciones va en contra del objetivo de buscar a los máximos responsables y centra el esfuerzo en casos menos representativos. Esto, afirman, genera desconfianza en el proceso de paz.
- Denuncian una supuesta vulneración al debido proceso y a la presunción de inocencia por parte de la JEP, al tener la capacidad de expulsar de manera repentina a los comparecientes si considera que ha habido incumplimientos graves. Esto, según los exjefes guerrilleros, niega la posibilidad de ejercer el derecho de defensa y contradecir la prueba.
Los excomandantes concluyen que estas preocupaciones ponen en riesgo el Acuerdo de Paz, generando falta de confianza y violando principios del Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, instan al presidente Petro a abordar estas preocupaciones para garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso de paz en Colombia.
En la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU del 9 de abril de 2024, durante la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, se produjo un llamado por parte de la mayoría de los países que integran el Consejo de Seguridad a la JEP. En este llamado se instó a la JEP a aplicar de manera irrestricta los principios de la justicia restaurativa, señalando que la aplicación de principios de carácter punitivo desnaturaliza lo acordado en el acuerdo de paz del 2016.
En respuesta a las crecientes controversias en torno a la JEP, el Gobierno ha anunciado un acuerdo con la Corte Penal Internacional (CPI) como parte de sus esfuerzos por abordar estas preocupaciones. Este acuerdo, revelado después de un encuentro entre el Canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, y el Fiscal de la CPI, Karim Khan, tiene como objetivo fortalecer la cooperación y complementariedad en materia judicial entre Colombia y las autoridades internacionales.
La iniciativa busca encontrar salidas a las disputas y desafíos que han surgido en torno a la implementación de la JEP, especialmente con respecto a su enfoque y procedimientos. En particular, se enfatiza la necesidad de incorporar el enfoque restaurativo en las jurisdicciones ordinaria y transicional, así como medidas para garantizar la reparación integral a las víctimas del conflicto armado.
Este acuerdo representa un paso para abordar las preocupaciones planteadas por los firmantes del Acuerdo de Paz y otros actores interesados en el proceso de reconciliación y justicia en Colombia.
La JEP está atravesando una crisis, por la influencia de intereses afines a la derecha que buscan desmantelar los acuerdos de paz alcanzados en 2016. Existe una preocupación creciente de que el lema de “hacer trizas la paz” se esté infiltrando en la JEP, un sistema en el que muchos firmantes del acuerdo depositan su esperanza.
Además, en las mesas de paz instaladas en el marco del proceso de paz, se está explorando la posibilidad de no crear más mecanismos de justicia transicional y de aplicar el modelo de la JEP en futuros acuerdos de paz. Sin embargo, la persistencia de intenciones punitivas dentro de la JEP podría obstaculizar estos esfuerzos y minar la confianza en el sistema de justicia transicional.
En varias regiones del suroccidente colombiano se ha informado por delegados del gobierno nacional que se está contemplando la posibilidad de aplicar el modelo de la Ley 975 de 2005, también conocida como la Ley de Justicia y Paz, para los combatientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que participen en los procesos de diálogos de paz. Sin embargo, esta medida ha suscitado diversos interrogantes, dado que es poco probable que dichos combatientes acepten cumplir una pena mínima de ocho años de cárcel, tal como establece este modelo de justicia transicional. En este contexto, la única alternativa viable en caso de no implementarse un mecanismo de justicia transicional propio, sería la JEP. Sin embargo, la JEP ha sido objeto de duras críticas por parte de diversos sectores, principalmente debido a su negativa masiva a conceder amnistías a los firmantes del acuerdo de paz.
La firma apresurada de los acuerdos de paz en 2016 ha generado una serie de situaciones complejas, incluyendo la formación de grupos armados disidentes y la improvisación de un sistema de justicia que no ha logrado cumplir con las expectativas ni de firmantes de paz ni de las víctimas de crímenes de Estado.
En un próximo artículo, se explorará más a fondo el impacto nefasto de este modelo de justicia transicional en las víctimas, que no han encontrado ni verdad, ni justicia, ni reparación integral en el sistema actual.
