Por: Harold Mosquera Rivas
En medio de la polarización que cada vez divide más al país, se han presentado demandas que, a los ojos de la mayoría de abogados, resultan insólitas. La primera es la demanda de nulidad anunciada por un senador de la república contra el acto administrativo de encargo de Luis Gilberto Murillo, entonces embajador de Colombia en los Estados Unidos, como canciller de Colombia, por los 3 meses de suspensión del titular de la cancillería por parte de la procuraduría general de la nación. Una demanda de nulidad de esta naturaleza, es un proceso que, en condiciones normales tardaría entre cuatro y cinco años en las dos instancias, no tiene sentido, pues se trata de un desgaste, para controvertir una decisión que en principio solo se adopta por tres meses. Imagino que, el impacto político que puede causar, el anuncio de una demanda de esta clase, es lo que motiva a su promotor a intentar venderle a la mitad más uno de los colombianos, aquello que analizado con objetividad resulta un despropósito. Otra demanda bastante controversial y política, es la de un ciudadano que pretende la pérdida de la investidura de los parlamentarios, casi todos del Centro Democrático, que hicieron público su aporte económico a la vaca promovida por el gobernador de Antioquia, que por la suma que piden, no es una vaca de potrero, podría ser quizás una Holstein. Pues señala el demandante que, al hacer el aporte a la vaca, los parlamentarios celebraron un contrato de donación con el departamento de Antioquia, que es quien recibe el dinero. Por tanto, contrataron con una entidad pública y a los parlamentarios les está prohibido cualquier contratación con el estado. Por tanto, pretende este demandante que el Consejo de Estado, descabece a todos los aportantes de la vaca. Por supuesto, se trata de una demanda insólita, cuya connotación política, al igual que la vaca, es evidente, pero sin lugar a dudas no tiene sentido. Qué pasaría si un parlamentario decidiera donarle todo su salario al municipio en donde nació, para que el alcalde lo invierta en salud, vivienda o cualquier otra causa social. Deberíamos demandarlo para que pierda su investidura?. Creo que no. Así no compartamos su proceder, que algunos podrían calificar de populista, la pretensión de sacar provecho político a todo debe tener límites. Sin importar la orilla ideológica en la que nos hayamos ubicado en esta patria polarizada. Por qué celebrar la muerte del contradictor político, por qué atacar sin consideración a su familia, a sus hijos así sean menores de edad. Es necesario que conservemos la cordura, que exijamos sensatez y dejemos de darle espacio, medios y redes a quienes están dispuestos a sacrificar el interés general, por el beneficio personal o particular. Y escribo esto, corriendo el riesgo de ser demandado por aquellos cuyas contiendas judiciales he mencionado, por cuanto en este artículo no les he dado el crédito, con el argumento de que podría estarles violando sus legítimos derechos de autor
