El fin de semana, la delegación negociadora del gobierno con el ELN emitió un comunicado en el que expresaron dudas sobre la viabilidad de mantener dos procesos de diálogo simultáneos con esa guerrilla: uno a nivel territorial con el Frente Comuneros del Sur en Nariño y otro a nivel nacional en una mesa de diálogos más amplia.
Por REDACCIÓN EL NUEVO LIBERAL
El sábado pasado, la delegación negociadora del gobierno con el ELN emitió un comunicado en el que expresaron dudas sobre la viabilidad de mantener dos procesos de diálogo simultáneos con esa guerrilla: uno a nivel territorial con el Frente Comuneros del Sur en Nariño y otro a nivel nacional en una mesa de diálogos más amplia. Esta declaración surge tres días después de que las conversaciones lideradas por el comisionado de Paz, Otty Patiño, con el Frente Comuneros del Sur en Nariño dieran su primer fruto con un acuerdo para desminar la región.
Esta situación presenta un dilema al presidente Petro: continuar con el proceso de paz específico con el Frente Comuneros del Sur, que ha mostrado interés en dejar las armas, o seguir adelante con la negociación nacional en busca de un proceso más abarcador, aunque sin una garantía clara de que la comandancia esté dispuesta a entregar pronto sus fusiles.
El desminado humanitario ha sido el primer paso concreto en Nariño. En un acuerdo entre el gobierno, la gobernación de Nariño, las comunidades locales y el Frente Comuneros del Sur del ELN, se estableció un protocolo para despejar las minas antipersonales que la misma guerrilla había sembrado, impidiendo la libre movilidad de los campesinos en sus tierras. Este compromiso surgió tras varias reuniones formales entre las partes para definir los detalles.
Inicialmente, el Frente Comuneros del Sur expresó unilateralmente su interés en la propuesta de paz del presidente Petro y del gobernador Escobar, ofreciendo remover las minas que habían plantado en combates contra disidencias de las FARC el año pasado. Sin embargo, debido a las exigencias de los convenios internacionales, se acordó realizar el desminado con un operador profesional, la participación comunitaria y la colaboración del propio grupo armado.
El proceso, aunque técnico y gradual, ha generado optimismo. Nathalie Ochoa, coordinadora de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (Aicma), destaca la importancia de la colaboración de los guerrilleros en identificar las zonas minadas para agilizar el desminado.
Para la gobernación de Nariño, el desminado es crucial para concretar proyectos de desarrollo en la región, como vías, escuelas, proyectos productivos y agroindustriales. Es el primer paso necesario para avanzar en otras áreas de desarrollo prometidas por el gobernador Escobar.
Aunque no existe formalmente una mesa de diálogo con los Comuneros del Sur, este frente del ELN aspira a una negociación política con el gobierno Petro que conduzca a la dejación de armas. La declaración de “HH” en una entrevista, indicando que no se sienten representados en la mesa nacional, llevó a la delegación negociadora del ELN y del gobierno a instar al presidente Petro a decidir entre negociar con los Comuneros o con el Comando Central (Coce) de la guerrilla.
Este avance en el desminado representa un paso significativo hacia la paz en Nariño, aunque el dilema político sobre los diálogos con el ELN a nivel territorial versus nacional plantea desafíos adicionales para el proceso de paz en Colombia.
Foto La Silla Vacía.
