En Jamundí, Valle del Cauca, crece la preocupación por los cobros coercitivos de hasta 10 millones de pesos impuestos por disidencias de las Farc. Los habitantes denuncian restricciones de movimiento y el uso de documentos obligatorios para evitar represalias, lo cual ha aumentado tras recientes actos de violencia en la región.
Por Daniela Mondragon , El Nuevo Liberal
La comunidad de Jamundí, en el Valle del Cauca, enfrenta una situación alarmante ante los presuntos cobros de “vacunas” impuestos por grupos disidentes de las Farc, quienes exigen sumas millonarias para permitir la libre circulación en las zonas rurales del municipio.
Los habitantes han manifestado su preocupación por estas extorsiones, las cuales según denuncias locales, podrían alcanzar hasta 10 millones de pesos por persona. Estos pagos coercitivos son justificados como una medida para garantizar la seguridad y evitar represalias por parte de los grupos armados ilegales que operan en la región.
La tensión se ha exacerbado recientemente debido a actos violentos como la detonación de una moto bomba, que cobró la vida de un adulto mayor y dejó múltiples heridos. Estos incidentes han aumentado el temor entre los residentes de Jamundí, quienes se sienten vulnerables frente a la violencia y las imposiciones de estos grupos armados.
Para desplazarse sin riesgos, los habitantes deben portar un documento que detalla su información personal, el cual, según reportes locales, es expedido por líderes comunitarios y juntas de acción comunal. La falta de este “carné” puede resultar en retenciones arbitrarias por parte de las disidencias, quienes supuestamente obligan a los afectados a realizar trabajos forzados como forma de sanción.
Desde la Defensoría del Pueblo se ha alertado sobre esta situación preocupante, destacando además que quienes no cumplen con las exigencias impuestas pueden enfrentar días de retención y trabajos forzados hasta que paguen la “multa” impuesta.
Las autoridades locales y nacionales han intensificado las medidas de seguridad en Jamundí para mitigar estos riesgos y proteger a la población afectada. No obstante, la persistencia de estas prácticas ilegales subraya la necesidad urgente de acciones coordinadas para restablecer la seguridad y la libertad de movimiento en la zona.
La situación en Jamundí es un recordatorio contundente de los desafíos que persisten en algunas áreas del país en términos de seguridad ciudadana y el impacto negativo de grupos armados ilegales en las comunidades locales.
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