Por: Felipe Solarte Nates
Son el equivalente a más de 80 billones de pesos que cada año, durante más de 25 años, los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos, Duque y lo que lleva el de Petro, les han girado a las EPS. Algo así como 20.000 millones de dólares anuales, según calcula el periódico El País, de España, en reciente informe. Casi el 40% de lo que exportó el país en 2023. A ojo de buen cubero, cerca de 500.000 millones de dólares en 25 años.
Lo que llama la atención es que por tanto tiempo semejante cantidad de dinero la hallan recibido empresarios del sector privado sin mayor control acerca de su inversión por parte de gobiernos que las ha financiado con los impuestos que directa o indirectamente pagamos todos los colombianos.
En el resto de países no existe un sistema semejante, en el qué siendo el Estado el principal financiador del sistema de salud, no ejerza un control efectivo sobre los empresarios administradores de los recursos.
Esta “liberalidad” o alcahuetería para con los dueños de las EPS, se explica en que el nuevo sistema de Salud se gestó en el gobierno de Cesar Gaviria, quien sin masticarla ni digerirla se tragó entera la doctrina neoliberal y a rajatabla la impuso en el país con la creencia de que el Estado debía liberalizar las importaciones de productos agropecuarios e industriales, de paso quebrando la indigente producción nacional, y además, entregar todos los servicios públicos, básicos y esenciales, incluida la Salud, a los particulares, “que si son buenos administradores y entre ellos se autoregulan”, gracias a las sacrosantas leyes del mercado y de la oferta y la demanda, ignorando la posibilidad de que en las cupulas de empresarios armen gremios y especies de mafias o cárteles para repartirse mercados y asegurar sus privilegios y cuotas.
Las consecuencias de la crisis desatada cuando a finales de siglo XX se hizo insostenible el Instituto de Seguros Sociales, ISS,-y creyendo que con la privatización a ultranza y la proletarización de los médicos y el personal de salud trabajando con sueldos miserables, contratos temporales y sin prestaciones sociales, se solucionarían los problemas-, las vivimos durante largos años de manejos torciteros en la mayoría de EPS que se fueron “quebrando” con dueños como Palacino de Saludcoop, multimillonarios, escabulléndose sin pagarles a hospitales públicos y clínicas que no les pertenecían y diferentes a las que crearon y fundaron con la plata del gobierno.
Tampoco dejaron fondos para responder por las deudas, mientras los servicios para los usuarios eran de mala calidad por la cantidad de trabas para acceder a tiempo a las citas médicas, de laboratorios y a los medicamentos e intervenciones quirúrgicas, buscando mayor margen de ganancia, y desencadenando una avalancha de tutelas, que progresivamente llevaron a el Estado acogiera lam atención y el aseguramiento de toda la población (particulares aportantes y subsidiados) y ajustara algunos controles y reformas cosméticas al sistema; aunque en el manejo de los billones públicos seguían conservando autonomía, gracias en parte, a las “buenas relaciones” que establecieron con dirigentes políticos de los principales partidos, entre ellos Cesar Gaviria. Germán Vargas Lleras, Dilyan Francisca Toro, entre otros, a quienes financiaron campañas electorales y a varios de sus familiares y copartidarios los favorecieron con bien remunerados cargos en las juntas directivas de las EPS y contratos jugosos.
El gobierno con su reforma intentó cambiar el sistema de salud, en lo financiero dejándoles de girar directamente los recursos a las EPS y a través del ADRES directamente a las IPS: Hospitales, clínicas, laboratorios y otros prestadores del servicio, aunque esta medida podía adelantarla sin necesidad de reforma.
En cuanto a la atención en salud, fomentando la prevención de enfermedades, garantizando vacunación, alimentación balanceada, desde la infancia y educación en cuanto a hábitos saludables de vida, acompañándolos de buenos servicios de acueducto y alcantarillado a las comunidades más vulnerables. También, garantizando atención primaria en centros de salud que por años fueron abandonados en barrios y veredas y en hospitales de primer nivel, que estarían conectados a los de segundo, tercer y cuarto nivel, según lo exigiera la gravedad de las enfermedades sufridas por los pacientes.
Los médicos, paramédicos y trabajadores de la salud, que gracias a la Ley 100 pasaron a ser contratistas de cooperativas de fachada creadas para obtener jugosas ganancias a costas de su trabajo, también serían beneficiados con mayor estabilidad laboral e incremento en sus salarios y reconocimiento de prestaciones sociales que les fueron negadas durante años.
Con el entierro de la Reforma a la Salud termina el primer episodio de la lucha del gobierno por aprobarla. La oposición salta de alegría, pero el gobierno por decreto puede implementar muchos de los puntos básicos de la propuesta que le fue negada, mientras ajustan nueva propuesta para presentar el 20 de julio y el ministro de salud, Alfonso Jaramillo insiste en la necesidad de convocar la Asamblea Constituyente.
Por lo pronto, el gobierno intervino a Colsanitas y la Nueva EPS, las dos más grandes con cerca de 18 millones de afiliados, que no disponían de reservas de capital exigidas por la ley y han desmejorado sus servicios; y para garantizarles liquidez, a través del ADRES, les girará directamente a hospitales y clínicas.
También, para fortalecer la prevención y atención primaria, inició la recuperación de miles de centros de salud que estaban abandonados y alentó a alcaldes y gobernadores a construir hospitales.
En próximas columnas seguiremos atentos a puntos pendientes del trámite de esta reforma y los problemas que afectan al sector salud.
