Por: Sebastián Silva-Iragorri
La ley es para todos, nadie está por encima de la ley, son frases que se escuchan en todas partes y en especial en los corrillos de las universidades y en las antesalas de los juzgados. En las facultades de derecho es un axioma indiscutible, superior esencia de las normas y su espíritu.
Cuánto me gustaría escuchar, en especial del líder de la Nación, que debe ser el ejemplo de la institucionalidad, lo siguiente: “Respeto y me acojo a las determinaciones expedidas por las autoridades u órganos revestidos por la Constitución y la ley para proferir decisiones dentro de su competencia legal y de acuerdo al juramento realizado en mi posesión acepto las resoluciones tomadas y me preparo con pruebas a defenderme y a acudir a los tribunales que sean necesarios para explicar mi conducta y probar mi inocencia”. Esto sería un deleite para los oídos y una actitud que tranquilizaría a todo un País que admiraría a su presidente.
En cambio, hemos escuchado apartes como estos: “Que las decisiones aprobadas son asunto de unos vagabundos que odian al presidente y que el pueblo debe estar listo para levantarse y defender las elecciones y que deben ir organizando las coordinadoras de las fuerzas populares y que lo debe ir haciendo el Magisterio y que iremos hasta donde el pueblo lo diga”. Qué triste y riesgoso escuchar esto de quien comanda en estos momentos la Nación. Hay una reacción muy grande contra esta forma de proceder lo que demuestra que el pueblo conserva unas actitudes éticas y morales en el fondo de su corazón y que estos desconocimientos a las disposiciones legales de las autoridades socavan los cimientos del derecho y la democracia del País. Qué tal que todos los funcionarios a quienes se les haga una imputación llamaran a la insurrección de sus entidades y de sus empleados porque se está persiguiendo al jefe respectivo por parte de vagabundos odiosos y sectarios. Este es un camino muy peligroso. Cuando Petro fue sancionado por Ordóñez utilizó el mismo procedimiento, llenó de tutelas los juzgados y citaba a la gente a la plaza de Bolívar a rechazar la decisión. Afortunadamente ahora la respuesta al llamado de ir a los tribunales a protestar, a salir, a organizarse, ha sido respondido con apatía, con desgano total de un pueblo que no se siente bien gobernado. Todo este escándalo no ha sido por una condena o un llamado a juicio o cualquier otra medida de fondo definitiva. Es por una ponencia o sea una propuesta que se pasa a un órgano colegiado para que la discuta y tome una determinación. La estrategia de Petro es armar tremendo escándalo desde ahora para amedrentar y tratar de que no se siga adelante. Estrategia audaz, pero perversa, pues no está bien que se debilite la justicia y sus poderes. Hace pocas horas escuchaba que 33 ex Consejeros de Estado remitían una carta al presidente protestando porque el Consejo de Estado anuló el decreto que daba facultades al presidente para regular las tarifas de energía. Esto da a entender que ante cualquier decisión que no complazca al primer mandatario se vendrán avalanchas de agravios y de injurias y de desconocimiento de las normas y de las autoridades.
Creo que ha llegado el momento de darle menos importancia a los chismes y rumores, imitaciones, burlas, caricaturas y relatos sin fin, para empezar a organizarnos ya con una planeación y una estrategia que nos conduzca a encontrar un candidato y un programa que nos pueda conducir a una gran victoria en el 2026 para restablecer el orden, el respeto a la ley, la autoridad, la libertad, la democracia plena y la unidad nacional como lo exige el artículo 188 de nuestra Constitución. Un líder hombre o mujer con carácter, responsabilidad, claridad de objetivos, valiente y decidido, que encarne los mejores valores y las más nobles ideas para afianzar y restaurar a Colombia.
