La Corte del Distrito Sur de la Florida emitió un fallo histórico el 10 de junio, encontrando a Chiquita Brands International culpable de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). EarthRights International destacó que es la primera vez que una corte estadounidense responsabiliza a una gran corporación por complicidad en abusos contra los derechos humanos en el extranjero. El veredicto beneficia las familias víctimas asesinadas por las AUC.
POR: REDACCIÓN EL NUEVO LIBERAL
En un fallo histórico emitido el 10 de junio por la Corte del Distrito Sur de la Florida, Chiquita Brands International fue hallada culpable de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar liderado por Carlos Castaño durante las décadas de 1990 y 2000. Esta decisión judicial pone fin a una batalla legal que ha perdurado por 17 años en los tribunales estadounidenses y marca un precedente significativo en la responsabilidad corporativa por violaciones graves a los derechos humanos en el extranjero.
El veredicto benefició a nueve familias de víctimas asesinadas por las AUC, quienes recibirán una indemnización conjunta de 38,5 millones de dólares. Sin embargo, el impacto de esta sentencia podría extenderse, ya que se estima que hasta 4.900 víctimas podrían buscar reparaciones por su participación en los crímenes perpetrados en las regiones de Urabá antioqueño y la zona bananera del Magdalena.
La ONG EarthRights International, que representó a las víctimas en este caso emblemático, destacó que es la primera vez que un jurado estadounidense responsabiliza a una importante corporación de ese país por complicidad en abusos contra los derechos humanos en el extranjero. Chiquita Brands había admitido en 2007 haber pagado hasta 1,7 millones de dólares a las AUC, además de pagar una multa de 25 millones de dólares. No obstante, la empresa argumentó durante todo el proceso legal que estos pagos fueron extorsiones destinadas a proteger a sus empleados, aunque no pudo sustentarlo ante el tribunal.
Con este fallo, se abre la posibilidad de que otras víctimas de los crímenes cometidos por los paramilitares en Colombia puedan buscar justicia y reparación a través de los tribunales estadounidenses, marcando un hito en la lucha contra la impunidad corporativa en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
Carlos Castaño-Foto El Colombiano
