Por: Sofía López Mera, abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad
Julian Assange, representa el arquetipo del hacker revolucionario, el hombre que osó desafiar al Leviatán que controla el poder político y económico mundial. Su saga judicial evidencia la criminalización del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. El protagonista de esta historia desde la década de los ochenta hasta nuestros días viene desafiando al sistema desde sus excepcionales habilidades informáticas.
Para 1986, teniendo 16 años, Assange se había convertido en un talentoso hacker y programador. Según su propia versión, desde adolescente era el hacker más consumado de Australia. Aseguraba haber violado miles de sistemas, utilizando el seudónimo Mendax, entre otros. Assange ha dicho que su objetivo siempre ha sido compartir públicamente información importante oculta por el gobierno y las grandes empresas, sin afectar los sistemas en los que se infiltraba.
A principios de la década de 1990, Assange y un grupo de hackers comenzaron a atacar sistemáticamente lo que él definía como “el complejo militar-industrial de EE.UU.”
En 1991, Assange fue detenido en su casa de Melbourne por la Policía Federal Australiana acusado de acceder de modo ilegal a varias computadoras (pertenecientes a una universidad australiana, a una compañía de telecomunicaciones, y a otras organizaciones). Se declaró culpable de 24 cargos por delitos informáticos y fue multado y puesto en libertad por buena conducta.
Assange estudió física y matemáticas en la Universidad de Melbourne entre 2003 y 2006, pero no terminó los estudios ni obtuvo un título profesional. Lo han descrito como autodidacta y conocedor en ciencias y matemáticas. También ha estudiado filosofía y neurociencia.
En 2006, Assange junto a activistas, hackers, programadores y académicos fundaron WikiLeaks con una misión clara: desenmascarar los secretos de las élites en el poder. Assange se autodefinía como un Robin Hood digital, liberando “documentos perseguidos” de su cautiverio en redes informáticas secretas. Desde sus inicios, WikiLeaks colaboró estrechamente con destacadas organizaciones de noticias para exponer ejecuciones extrajudiciales en Kenia, la represión de disidentes en China, posibles actos de corrupción financiera en Estados Unidos y Perú, entre otros casos de interés global.
En julio de 2010, WikiLeaks sacudió al mundo al publicar 70,000 documentos confidenciales sobre las operaciones militares en Afganistán, seguidos en octubre por 400,000 informes sobre la invasión estadounidense en Irak, y en noviembre por 250,000 cables diplomáticos estadounidenses.
Estas revelaciones provocaron debates globales sobre la conducta militar y diplomática de Estados Unidos y dieron inicio a la saga judicial mediática padecida por Assange.
El 18 de noviembre de 2010, Suecia emitió una orden de detención europea contra Assange por acusaciones de violación y agresión sexual, que él siempre ha negado. Assange se entregó a la policía británica el 7 de diciembre y quedó detenido durante nueve días antes de ser puesto bajo arresto domiciliario.
En febrero de 2011, un Tribunal Londinense validó la solicitud de extradición a Suecia, temiendo Assange que desde allí sería entregado a Estados Unidos y enfrentaría la pena de muerte por las acusaciones de infiltración informática en su contra.
El 19 de junio de 2012, Assange buscó refugio en la embajada ecuatoriana en Londres y solicitó asilo político, que Ecuador le otorgó en agosto de ese año. Durante casi siete años, Assange permaneció encerrado en la embajada, adquiriendo la nacionalidad ecuatoriana.
En abril de 2019, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno revocó el asilo de Assange, permitiendo a la policía británica arrestarlo el 11 de abril en la embajada. Inmediatamente, la abogada de una de las mujeres que lo acusaba en Suecia anunció la reapertura de la investigación por violación, mientras que Assange fue condenado en Londres a 50 semanas de prisión por violar las condiciones de su libertad provisional.
El 23 de mayo de 2019, Estados Unidos amplió sus cargos contra Assange, acusándolo de espionaje y otros 17 delitos relacionados con la obtención y divulgación de información clasificada, con una posible condena de hasta 175 años de prisión.
Tras un largo proceso judicial en el Reino Unido y múltiples apelaciones, en febrero de 2020 comenzó la audiencia sobre la solicitud de extradición estadounidense, que fue pospuesta debido a la pandemia.
En enero de 2021, la jueza Vanessa Baraitser rechazó la extradición, citando preocupaciones sobre el riesgo de suicidio de Assange en caso de ser enviado a Estados Unidos. Sin embargo, esta decisión fue anulada en apelación en diciembre de 2021, y Assange continuó enfrentando el riesgo de extradición.
El 24 de junio de 2024, Assange finalmente alcanzó un acuerdo de culpabilidad con la justicia estadounidense, lo que le permitió recuperar su libertad. Inmediatamente dejó el Reino Unido y se enfrentó a un proceso en las Islas Marianas del Norte en Estados Unidos por cargos relacionados con la obtención y revelación de información de defensa nacional.
A primera hora del miércoles 26 de junio en el tribunal federal estadounidense de las Islas Marianas del Norte en Saipan, la magistrada Ramona Villagomez aceptó los términos pactados entre el Departamento de Justicia de EE.UU. y la defensa de Assange.
Conforme al acuerdo, por el que Assange se declaró culpable de conspirar para obtener y divulgar documentos clasificados de EE.UU., Villagomez condenó a Assange a 62 meses de cárcel, reconociendo el tiempo ya cumplido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh (Reino Unido), por lo que quedó en libertad. La defensa del australiano solicitó celebrar la audiencia en este territorio estadounidense por su proximidad con Australia y porque Assange no deseaba viajar a suelo continental de Estados Unidos.
Este episodio pone fin a una saga de 14 años que comenzó en 2010 con la mayor filtración de documentos clasificados de la historia de los Estados Unidos y la atroz criminalización del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en el mundo.
