Por: Felipe Solarte Nates
Independientemente de que sea un hecho del pasado y hasta de menor cuantía con relación a multimillonarios negociados destapados en anteriores y en este gobierno; y de que sea culpable o no en la investigación de la Corte Suprema sobre supuestas irregularidades en trámites y ejecución de obras de extensión de la pista del aeropuerto de López del Micay, durante la segunda gobernación de Temístocles Ortega; la noticia da pie para cuestionar la forma de administrar los recursos públicos, licitar y contratar. (https://www.proclamadelcauca.com/temistocles-fue-acusado-10-anos-despues-por-varios-delitos/)
En especial con recursos de las regalías en este y demás departamentos del país, y que por primera vez empezaron a llegar en grandes cantidades al Cauca durante el segundo mandato de Ortega N. (2012-2015).
Hasta ese momento el Cauca sólo disponía de mínima partida de su precario presupuesto para inversión en obras, pues la gran mayoría, de acuerdo al Sistema General de Participaciones, SGP, tenía destinación específica para la salud, educación y pagar la nómina.
Durante años las regalías del petróleo, carbón, níquel y otros minerales sólo se destinaban a departamentos productores en los que se registró multimillonario despilfarro y saqueo de recursos.
En Arauca, por ejemplo, construyeron un velódromo donde poco montaban en bicicleta y gigantesca piscina de olas donde no tenían agua potable, etc, dejando obras inconclusas (elefantes blancos). Lo importante era buscar pretextos para contratar y poder rapiñarse los presupuestos, fueran necesarias o no las obras y que se terminaran de construir o no.
Finalizando el 2011, el primer gobierno de Santos decidió repartir la “mermelada” de las regalías a todos los departamentos, y al Cauca, que en la baja bota caucana tiene algunos pozos petroleros, le correspondió una porción superior al billón de pesos para invertir en obras y proyectos, cifra que superaba 15 veces lo que estaba acostumbrado a manejar, pues del presupuesto “normal” de años anteriores, le quedaban menos de $100.000 millones anuales para inversión en infraestructura.
El gobierno nacional recomendó a los gobiernos departamentales que empezaron a recibir las regalías que las destinaran a obras de impacto provincial y departamental para financiar vías, acueductos, centros educativos, que mejoraran la comunicación, salubridad, las actividades agropecuarias, la educación, creación de empresas y en general las condiciones de vida los municipios.
Acogiendo estas recomendaciones Temístocles Ortega, el primer gobernador que en su mandato empezó a recibir regalías, emprendió la pavimentación de varias carreteras secundarias para intercomunicar cabeceras municipales entre ellas y con la Panamericana, el financiamiento a proyectos productivos como el de la inauguración en Cajibio del Centro tecnológico para el desarrollo del cultivo y proceso del café, el fomento al cultivo del aguacate Hass y el limón Tahití, en varios municipios, entre otros.
También generó gran polémica la adjudicación de otros estudios y contratos polémicos como un estudio por cerca de $14.000 millones para estudiar en el valle del Patía, los efectos de las flatulencias (pedos) de los vacunos en el calentamiento global.
En la información publicada en El Espectador sobre las supuestas irregularidades denunciadas en la ampliación de la pista del aeropuerto de López del Micay, señalan fallas en el estudio, diseño, tramite de la licencia ambiental y ejecución de la pista que debió ampliarse en 200 metros y no en los 100 entregados por los contratistas, a pesar, que al contrato original por cerca de $2.500 le hicieron una adición de $700 millones.
https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cartas-de-los-lectores/de-temistocles-ortega-sobre-su-proceso/
REGÍMENES DE CONTRATACIÓN QUE FAVORECEN LA CORRUPCIÓN.
Con el pretexto de combatir la corrupción desde el Congreso extremaron las exigencias de capital y experiencia sobre las empresas que pueden licitar en contrataciones públicas que van desde grandes, medianas y pequeñas obras públicas, contratos de suministros y hasta la alimentación escolar.
En lugar de combatir la corrupción el resultado ha sido peor, pues esta se concentró en mafias respaldadas por hábiles abogansters y líderes políticos nacionales y regionales que abren sucursales en todos los departamentos y aceitan los procesos licitatorios para ganárselos, recibir los miles de billones, dejar a medias las obras y seguir pidiendo adiciones con la complicidad de los funcionarios de turno.
Y el saqueo no sólo se da con las platas de las regalías.
El famoso “Contrato Plan para el norte y sur del Cauca”. financiado con billón y medio de pesos por el gobierno de Santos y enmarcado en el acuerdo de paz con las FARC, entre sus obras incluyó la construcción del Hospital de Segundo Nivel de Santander de Quilichao, al que inicialmente le asignaron cerca de $30.000 millones y tras varias adiciones presupuestales en sucesivos gobiernos departamentales y repetidos incumplimientos, aún no ha sido entregado, después de ser adjudicado a un contratista con antecedentes de incumplimientos en varias regiones del país, pero bien apadrinado por una importante líder política regional y nacional,y al cual, al finalizar el anterior gobierno departamental le quitaron el contrato porque era evidente el descaro de seguir pidiendo más “adicciones” presupuestales para seguir enviciado incumpliendo.
También, en el gobierno de Duque para financiar campañas al Congreso de sus copartidarios del Centro Democrático, hicieron fiesta con más de $600.000 millones de la OCAD Paz que debieron invertirse para financiar obras y proyectos productivos con fondos destinados al cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC.
Eso sin olvidar que en el auge del paramilitarismo y en zonas controladas por la guerrilla los grupos armados recibieron importantes tajadas de los presupuestos por medio de testaferros ubicados en administraciones departamentales y municipales.
LICITACIONES AMAÑADAS
Se ha vuelto costumbre que por presión de amigos o contratistas que financiaron las campañas, las obras y proyectos ya tienen dueños y ejecutores que se aseguran su adjudicación gracias a pliegos “sastres” hechos a su medida para descartar rivales.
Las interventorías también son motivos de disputa y acuerdos “para que dejen trabajar” con las uñas largas.
Por haber financiado las campañas electorales los adjudicadores y contratistas beneficiados ya no se contentan con repartirse las utilidades con el 10%, 20% y hasta 30%, (la corrupción en las “justas proporciones”, como recomendaba el “prócer” Turbay Ayala), tal como se acostumbraba antes.
Ahora van mínimo por el 50% y hay descarados que reciben todo y no entregan las obras.
Por eso, muchas obras quedan a medio construir y con malos diseños y materiales. A los pavimentos les echan más arenilla amalganada con “chicle asfáltico” que al año desaparece pegado en las llantas y suelas de peatones. Todo eso, mientras las calles se llenan de lujosas Toyotas blindadas y de condominios con lujosas mansiones afuera de las ciudades.
Es la institucionalización de la cultura traqueta del enriquecimiento rápido que impuso el narcotráfico y permeo a todas las esferas políticas (derecha e izquierda) de la sociedad y que al tomarse ministerios, gobernaciones y alcaldías patentó el “régimen” de corrupción por encima de los cambios de gobernantes y está enraizado en la carrera administrativa de quienes se acostumbraron a cobrar peaje y pedir tajada por cualquier trámite.
La UNGRD es una clara muestra de lo que le sirvió a quienes la han manejado en anteriores y este gobierno y de la forma como a favor del partido de los corruptos -que gracias a las coaliciones se mimetiza y permanece en todos los gobiernos-, se invierten los presupuestos destinados a enfrentar emergencias como avalanchas, inundaciones, terremotos, epidemias como el Covid, etc, etc.
Por lo menos el gobierno de Petro ya reconoció que se equivocó a nombrar a Olmedo López y sus secuaces en la dirección de la Unidad de riesgos y desastres, alentó las investigaciones y el sucesor Carrillo ya agilizó la compra de las fincas para los damnificados de Rosas, que tenían engavetada los negociantes de los carrotanques que antes de irse, a la carrera firmaron contratos por más de $300.000 millones en municipios de Santander donde no hubo emergencias ni desastres.
Hay que esperar en que terminan las correspondientes investigaciones.
Mientras no superemos el imperante régimen de la “Delitocracia” (como la llama el escritor Víctor Paz Otero) y de la corrupción administrativa motivada por el afán de riquezas y poder heredado por los hijos y familiares de las ratas mayores, seguiremos siendo una Res pública destajada por bandas armadas de códigos, pliegos licitatorios amañados y con modernos botafuegos que superan a los de las instituciones.
