La isla Gorgona, si uno la busca en las páginas web aparece localizada al occidente del litoral del departamento del Cauca en el Pacífico colombiano y por supuesto está en el himno del Cauca: “Mano abierta a la vida, isla agreste, estación donde el viento se posa a ensayar su canción” pero en el imaginario de los colombianos la isla Gorgona, pareciera que ha pertenecido al departamento del Valle porque por años ha tenido una administración política sobre la isla.
Hace algunos meses apareció en la disputa porque se decía que se estaba adelantando obras en la isla Gorgona un proyecto de guardacostas y esto desencadenó un debate acalorado entre expertos ambientalistas y autoridades gubernamentales, porque se aseveraba a través de los medios de comunicación que iban a poner un radar multipropósito.
Pero recordemos que allí funcionó entre 1960 y 1984 una cárcel de máxima seguridad que fue cerrada por los abusos y violaciones de los derechos humanos que sufrieron en su momento los privados de la libertad. Y en ese entonces, nadie decía nada.
Hoy la isla Gorgona vuelve a aparecer en la palestra de la discusión ante el fallo contundente del Tribunal Superior de Bogotá, en el que destaca la importancia de salvaguardar los derechos fundamentales de las comunidades étnicas y el respeto por el proceso de consulta previa. Este veredicto, que ordena la suspensión de las obras en la isla Gorgona hasta que se realice una consulta adecuada con el Consejo Comunitario de Guapi Abajo, refleja un momento crítico en el equilibrio entre desarrollo y preservación ambiental.
El proyecto para mejorar la estación de guardacostas en Gorgona, aunque presentado como un esfuerzo para fortalecer la protección del parque, ha desencadenado, de nuevo, el debate entre autoridades gubernamentales y las comunidades locales. La controversia radica en el impacto potencial de estas obras sobre la comunidad étnica, incluyendo aspectos ambientales, culturales y sociales que deben ser cuidadosamente considerados.
La suspensión de la licencia ambiental por parte del tribunal representa más que un mero contratiempo burocrático. Es un recordatorio poderoso de la necesidad de un enfoque más inclusivo y participativo en la toma de decisiones que afectan a comunidades históricamente marginadas, puesto que en esas preservaciones desconocen la espiritualidad de los ambientes naturales y mucho más si deben hacer una limpia de esa carga energética que quedó en el ambiente al haber sido un espacio de reclusión. La consulta previa no es solo un requisito legal; es un proceso que busca garantizar la voz y el bienestar de aquellos directamente afectados por proyectos de desarrollo como este.
En el trasfondo de este conflicto legal y ambiental subyace una cuestión fundamental sobre el modelo de desarrollo que queremos para nuestro país. ¿Debemos priorizar la conservación y el respeto por las comunidades étnicas, incluso si eso significa retrasar proyectos de infraestructura? ¿Cómo podemos reconciliar las necesidades de desarrollo con la protección de nuestro patrimonio natural y cultural?
La respuesta a estas preguntas no es sencilla. Requiere de un diálogo constructivo entre todas las partes interesadas. La suspensión de la licencia ambiental para el proyecto en Gorgona es un llamado a la reflexión y la acción, teniendo en cuenta los derechos y la dignidad de las comunidades de nuestro país.
