Por: Sofía López Mera, abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad
El aparato judicial del Estado, compuesto por la Fiscalía y la Rama Judicial, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente aquellos relacionados con la violencia contra la mujer y de género presentan graves falencias. Este sistema se erige sobre la premisa simplista de la “verdad procesal” como fundamento de su concepto de “justicia”. Sin embargo, esta verdad procesal, en la mayoría de los casos, no representa la verdad real, ya que se construye mediante la técnica de la mercantilización judicial o del testimonio, como señala el Sacerdote Jesuita Javier Giraldo Moreno. En realidad, esta práctica no es más que la manifestación de diversos tipos de corrupción en el proceso judicial. Esta discrepancia genera un abismo entre la llamada “verdad” procesal y la verdad efectiva. En este contexto, se evidencia la fragilidad de un sistema judicial cuyas decisiones son fundamentadas en una verdad procesal que, no garantiza una administración de justicia justa e imparcial y más bien se convierte en un terreno propicio para la corrupción y la falta de integridad en el proceso judicial.
La justicia colombiana para identificar y castigar a aquellos que perpetran violencia contra las mujeres no es eficaz ya que existe un patrón generalizado de impunidad. En cambio, parece estar orientada hacia la repetición constante y sistemática de las mismas conductas criminales. En nuestra experiencia legal, hemos sido testigos directos de procesos judiciales que involucran señalamientos, estigmatización, revictimización por parte de los órganos judiciales en perjuicio de las mujeres que buscan justicia frente a hechos violentos.
Hoy, en la conmemoración de los 4 años de la desaparición forzada de Nárly Gómez Jimenes, reafirmamos que la justicia colombiana, que se basa en establecer verdades procesales en lugar de verdades efectivas, se transforma en este caso en una justicia misógina que perpetúa la impunidad. Frente a esta lamentable situación judicial, familiares de las víctimas y abogadas han presentado la declaratoria pública de objeción de conciencia, apelando a la justicia popular y la censura moral contra los responsables y el sistema judicial.
Nárly Gómez Jiménez, fue desaparecida forzadamente el día 27 de enero de 2020 y la última persona con quien fue vista fue su excompañero sentimental y padre de su hija, el militar Ever Yobany Muñoz Imbachi en zona rural de Popayán. Ever Yobany era soldado profesional adscrito al Grupo de Caballería Liviano Meteoro.
El 27 enero de 2020, Nárly y su menor hija se trasladaron a un colegio para realizar diligencias de matrícula para la menor. Posteriormente y por averiguaciones de la familia se supo que Nárly, el militar y su hija se trasladaron a una zona rural a ver unos lotes. La niña manifestó que el día de los hechos su papá se había ido con su mamá y que la dejó encerrada en una casa de paredes de tierra y luego llegó sólo y con los brazos manchados de sangre. Otros testimonios que obran en el proceso penal indican que la pareja bajó discutiendo en dirección a un río y que de regreso el militar subió mojado, sin camisa y bastante asustado. Posteriormente el militar se trasladó en una camioneta alquilada y en un campero, hasta el corregimiento de Guachicono del municipio La Vega, junto a su hermana Ruby Muñoz, en este lugar, pretendieron regalar a la niña a unos familiares, quienes no quisieron recibirla porque no tenía autorización de Nárly. Por ello, la niña fue dejada donde la madre del militar, posteriormente la señora les entregó la menor a los familiares de Nárly.
El día el 22 de abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares, tras considerar que Nárly y sus familiares se encuentran en situación de extrema gravedad e instó al Estado colombiano a actuar inmediatamente ordenando medidas para dar con su paradero.
Desde el 16 de diciembre de 2019, ante la fiscalía, Nárly ya había denunciado al militar sobre la violencia intrafamiliar de la que venía siendo víctima, nadie protegió a Nárly a pesar de que ella denunció oportunamente, y Nárly finalmente se encuentra en situación de desaparición forzada.
Los allegados de Nárly han llevado a cabo acciones de investigación y de búsqueda de manera independiente en las zonas rurales de Timbío y Rosas, sin el respaldo institucional, contando con el apoyo solidario de residentes locales, amigos y líderesas sociales. La Fiscalía 1 Especializada y la Fiscalía 7 Especializada tardaron nueve meses en emitir una orden de captura contra el presunto responsable. Más tarde, informaron que el militar en cuestión habría fallecido en circunstancias misteriosas en el departamento del Huila.
Los familiares de Nárly solicitaron pruebas de ADN para la identificación efectiva del militar pero la Fiscalía 1 Especializada ha estado presionando desde diciembre de 2021 para la preclusión y archivo del caso. Existe preocupación de que, con el cierre de la investigación, se detengan las labores de búsqueda adicionales.
El director seccional de fiscalías nunca envió el caso a una fiscalía destacada en género o a una unidad para violaciones a los derechos humanos. Las búsquedas institucionales de Nárly por parte de las autoridades judiciales se limitaron a formatos digitalizados y promesas de diseño de rutas que nunca se materializaron. Los familiares continúan la búsqueda de Nárly sin el respaldo institucional.
En el transcurso del acompañamiento legal de este caso, se han evidenciado diversas afrentas. Entre ellas, se destaca la actitud despectiva de un investigador de la policía judicial, quien expresó su negativa a realizar labores de búsqueda en la zona rural alegando que se le ensuciarían las botas. Asimismo, se registró la solicitud por parte del director seccional de fiscalías a los familiares de Nárly para que evitaran contactar a los funcionarios de la policía judicial, argumentando que generaban estrés.
Sin embargo, la omisión más significativa recae en el incumplimiento de la orden de captura por parte de las fiscales Martha Liliana Cerón y Paula Andrea Salamanca Carrasquilla. Estas fiscales, actualmente, buscan precluir y archivar de manera insistente la investigación contra el militar responsable de la desaparición forzada de Nárly, justificando dicha acción en la supuesta muerte del militar.
Instituciones como la Cancillería, Medicina Legal y la Fiscalía han omitido compartir los resultados de las pruebas de ADN necesarios para la identificación del militar. Mientras tanto, en el municipio de la Sierra, hay testimonios de personas que aseguran haber visto al militar visitando a sus familiares, lo que genera aún más preocupación e incertidumbre en torno a la situación.
Frente a la instauración de la impunidad en este grave caso de violencia contra la mujer, los familiares y abogadas de Nárly se han declarado en objeción de conciencia por las acciones de la fiscalía y el juzgado cuarto especializado itinerante de Popayán. No participarán en las diligencias judiciales de archivo y preclusión, ya que consideran que constituyen impunidad y una burla, además de ser un proceso de revictimización contra los familiares. La Constitución colombiana de 1991 protege la libertad de conciencia, permitiendo que cada individuo se abstenga de actuar en contra de su conciencia. Aunque la justicia colombiana pueda parecer misógina, la sociedad payanesa no lo es.
Por esta razón, hoy familiares de las víctimas, organizaciones sociales y de mujeres y ciudadanía en general nos encontramos en la casa de la moneda en un plantón, en donde se realizarán actividades de muralismo y olla comunitaria en conmemoración de los 4 años de la desaparición forzada de Nárly Gómez Jiménez, exigiendo Justicia.
Postdata: Si estas leyendo este artículo y es sábado 27 de enero de 2024, te esperamos para exigir justicia para Nárly.
