Por Eduardo Nates López.
En medio del derrumbe del ánimo que produce ver que Colombia y especialmente el Cauca, en este “gobierno del cambio”, se han devuelto a las épocas más aciagas de nuestra historia, cuando las tomas guerrilleras y los asaltos a las poblaciones circunvecinas eran la noticia diaria, aún queda un resquicio para analizar y extrañarse con las declaraciones exóticas, no solo del inefable presidente Petro sino de sus funcionarios más cercanos.
Jamás imaginé que el odioso tema de las tomas sistemáticas de la carretera Panamericana, (muestra de la incapacidad de resolver los problemas cotidianos de la gente) terminara siendo responsabilidad de organizaciones internacionales no gubernamentales como la ONU, perfectamente caracterizadas por su inoperancia y burocratización excesiva.
Para destaponar la carretera, por el paro de la semana pasada, el ministro del interior vino al Cauca a proponer unas mesas de negociación permanente donde funcione el “Pacto por la Convivencia Regional… que busca abordar las problemáticas que provocan los bloqueos en la Vía Panamericana, los cuales afectan directamente a los departamentos de Cauca y Nariño”. Según Velasco, este pacto se desarrollará “con la colaboración de autoridades y diversos sectores de las regiones implicadas, con el respaldo de la Naciones Unidas…”
Estoy de acuerdo con la protesta pública erguida pero respetuosa y exigir al gobierno el cumplimiento de sus deberes es un derecho inalienable de las comunidades. Pero, así mismo rechazo la desmesura y la falta de respeto por las instituciones y las personas. Y peor aún, cuando la exigencia de un derecho se hace pisoteando los derechos de los demás. No podemos ignorar que el taponamiento de una vía pública es un delito estipulado en el Código Penal, artículo 353 A, el cual, para ser explícito, me permito transcribir textualmente: “El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión”.
Las tomas reiteradas las vemos todos en los videos que se pasean por las redes sociales, pero los responsables de sancionar esas acciones punibles y la fiscalía no actúan como les corresponde de oficio. El delito no requiere denuncia y ni el gobernador ni los alcaldes se atreven a presentarla…
Desde que tengo uso de razón he comprendido que quizás el más trascendental de los derechos del hombre es la libertad y en este caso, la posibilidad de movilizarse por el espacio público, por supuesto, bajo las normas sociales de respeto por los congéneres. En sentido contrario, resulta abominable cualquier impedimento a la libre movilidad. Mucho más grave cuando se trata de obstruir una vía pública, lo cual en el Cauca ha llegado al extremo de impedir el paso de vehículos y ambulancias que transportan enfermos graves. Por ello, me parece un exabrupto establecer una mesa de negociación… ¡para discutir la conveniencia (o no) de la comisión de un delito!
Me cuesta trabajo sacarme de la cabeza que este mal se dejó crecer de manera irresponsable, bajo la creencia politiquera de que despejar la vía taponada es actuar en contra de quienes posteriormente podrían votar por quien esté sentado en el despacho sobre el que recae la responsabilidad de mantener la movilidad. ¡En resumen, permitir los bloqueos es falta de autoridad! Y alrededor de ese criterio ha hecho metástasis este mal, en otras regiones del país. Hoy es imposible valorar las pérdidas económicas y de vidas que este mecanismo delictuoso en expansión produce.
