Por Orlando Ñañez C. – Politólogo UdelC.
Los crímenes más representativos del conflicto armado en Colombia que investiga la Jurisdicción Especial para La Paz se hallan clasificados en 14 macrocasos, como es el de los secuestros perpetrados por las FARC. Entre las 3.821 víctimas que esa jurisdicción les acredita, está la del sargento retirado César Augusto Lasso que estuvo secuestrado durante trece años y medio plagiado en la toma de Mitú en 1998, capital que los guerrilleros asediaron durante tres días, asesinaron a 50 personas y se llevaron a la selva a 50 más. Secuestrados como Lasso que tuvieron que vivir con cadenas al cuello y en los pies, han tenido que desenterrar sus historias y llorar ante la magistratura los horrores que vivieron, o con voz quebrada pedir con insistencia razón sobre los seres desaparecidos. Algunos de ellos todavía tienen la fe puesta en la JEP y piden a “sus hermanos de cautiverio”, que cuenten sus historias, para que la denuncia logre liberar la tristeza que oprime su alma de todas “las cosas que se tragó el monte”, como dice el patrullero César Augusto Díaz, que contaba con sólo 19 años siendo apenas auxiliar de policía, cuando fue sacado de su casa. Afirma que los firmantes no van a salir de la jurisdicción pues ya hay mucho camino recorrido y sería absurdo tirarlo a la basura. Lo mismo piensa el patrullero retirado Carlos Carvajal, paciente con secuelas de esquizofrenia por las torturas infligidas durante su secuestro por ese grupo armado; Carlos guarda la esperanza de una Colombia que no viva más “en la eternidad de las víctimas” …que no haya una continuidad casi infinita de esos procesos”. A pesar de que su secuestrador no mostró en la audiencia nada de arrepentimiento, Carvajal sintió como una pequeña victoria el hecho de que otro exguerrillero confesara mirándolo a los ojos, que estaba arrepentido. De las historias de dolor en todo el territorio nacional, que los antiguos mandos de la guerrilla prometieron responder, en los últimos días han dejado entrever la posibilidad de apartarse de las decisiones de la JEP afectando la confianza de las víctimas en conseguir la tan anhelada confesión de toda la verdad de parte de esos mandos, de que se haga verdadera justicia, de ser efectivamente reparadas y obtener la garantía de no repetir los delitos de que son responsables. Estos mandos sostienen que la JEP, a la cual se sometieron hace ocho años con el Acuerdo de Paz, estaría alejándose del “espíritu y la letra de lo acordado”. No están de acuerdo, por ejemplo, en que la JEP vincule a mandos medios de la guerrilla a procesos por los cuales sólo respondería la cúpula, a que se emita una resolución de conclusiones por cada macro caso por el que se les investiga, sino que el acuerdo contemplaba la emisión de una resolución única por todos los delitos por los que deben responder; lo que les da base para plantear y hacer pública una “ley de punto final”. ¿Cómo podrían sentirse las víctimas de concretarse esta propuesta que les permitiría a sus victimarios saldar todas sus cuentas y que al final todo el horror sufrido y el dolor repetido ante el Tribunal para que se sepa la verdad, quede en la nada, silenciado? Hay quienes sufrieron la violencia desde adentro como es el caso de los(as) niños(as) que fueron convertidos(as) en reclutas, muchas de ellas que quedaron embarazadas, tras haber sido violadas, estigmatizadas y separadas de sus hijos. Niños y niñas con vidas truncadas, sin niñez completa, sin adolescencia, obligados a pelear una guerra incomprensible para ellos(as), dejando la mitad de sus vidas en medio de la selva, como lo expresa una representante de la Corporación Rosa Blanca. Dice que la intención del antiguo secretariado de frenar el proceso de paz se debe a que quieren evitar el impacto del descubrimiento de lo que las víctimas saben, que tienen miedo de ellas, que quieren finalizar los procesos y no responder por las graves violaciones a los derechos humanos.
