En el evento realizado el fin de semana en Samaniego, Nariño, se determinó que el departamento de Nariño será la “Región de Paz” tras los diálogos con el ELN. Según el Gobierno, para articular acciones de transformación integral que permitan dejar atrás el conflicto. Así lo anunció la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), después de celebrar un diálogo regional, impulsado por el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, donde participaron cientos de personas que “buscan ser tenidas en cuenta tras años de abandono estatal”.
El anuncio de la articulación de acciones integrales en el departamento de Nariño por parte del Gobierno, en aparente búsqueda de dejar atrás décadas de conflicto, parece ser un rayo de esperanza y elegido Nariño, una región marcada por el abandono estatal y la violencia persistente. Sin embargo, detrás de esta iniciativa continúan tejiendo una compleja trama de intereses, disputas y desconfianza entre las partes involucradas.
El compromiso de invertir una suma considerable de recursos para proyectos de seguridad, desarrollo productivo y conectividad es sin duda un paso necesario para empezar a sanar las heridas de un territorio marcado por la guerra. La presencia institucional fortalecida, la coordinación con la guardia indígena y las mejoras en infraestructura básica como agua, educación y salud son medidas urgentes y pertinentes.
No obstante, en medio de este panorama prometedor, se alzan voces disidentes que cuestionan la legitimidad y la sinceridad de estos esfuerzos. La polémica con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) revela la complejidad de las negociaciones y la fragilidad de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Conversaciones. Las acusaciones de violaciones al acuerdo de paz por parte del Gobierno, así como la percepción de montaje y manipulación por parte de la guerrilla, arrojan sombras sobre la genuinidad de los diálogos en Nariño.
La respuesta del ELN, congelando las negociaciones y denunciando infiltraciones por parte de las fuerzas militares, evidencia la profunda desconfianza que persiste entre las partes en conflicto. La respuesta del Gobierno, exigir respeto y mantener la postura de diálogo, si bien necesaria para seguir avanzando, no logra disipar las dudas sobre la verdadera voluntad de todas las partes para construir la paz.
En medio de estas disputas políticas y militares, es esencial no perder de vista el objetivo principal: transformar integralmente la realidad del país y por supuesto, la de Nariño, garantizando una paz duradera y significativa para todos sus habitantes. La participación de la sociedad civil, las organizaciones étnicas y comunitarias en estos diálogos es crucial para asegurar que las soluciones propuestas sean inclusivas y representativas de las necesidades reales de la población.
Los retos son enormes y las tensiones son palpables, pero el camino hacia la paz en Nariño y el país es un compromiso que no puede ser abandonado. Es necesario que todas las partes involucradas se comprometan sinceramente con el proceso, dejando de lado intereses particulares en aras del bienestar colectivo para esta región también golpeada por el conflicto.
