Por: Jesús Alberto Aguilar Guerrero.
Diferentes organismos del estado, se unen con la finalidad de combatir y frenar la explotación sexual; los cuales inician campañas para que niñas, niños y adolescentes no continúen siendo víctimas de este grave flagelo. En los últimos días a raíz los casos que se vienen registrando en Medellín (Antioquia), entidades que se catalogan como garantes de los derechos humanos en Colombia, solicitan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), tomar cartas en el asunto para contrarrestar este fenómeno, aplicando todo lo que le compete y que regenta la Ley 679 de 2001. Esta casa editorial, atenta a lo que acontece en el territorio colombiano, cuando diferentes entidades asumiendo el rol que los caracteriza han solicitado la activación de controles policiales mas exhaustivos en hoteles y demás sitios que prestan servicios de alojamiento temporal; haciendo énfasis que las alcaldías y la Policía, tienen la competencia directa de asumir el control especialmente en las ciudades donde es latente tal tipo de practica repudiable de la que son de especial preferencia los menores de edad.
Debemos tener en cuenta que, los actos de naturaleza sexual que se imponen por la fuerza o por coacción, como la provocada por el miedo a sufrir violencia, coerción, detención, opresión psicológica o abuso de poder ejercidos sobre cualquier víctima, ya sea un hombre, una mujer, un niño o una niña; son una clara violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH); porque se puede concluir que existe aprovechamiento de un entorno coercitivo o de la incapacidad de la victima para dar un consentimiento autentico, también es un tipo de coacción. La violencia sexual incluye: violación, esclavitud sexual, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otro tipo de violencia sexual de gravedad comparable, en este caso los o las menores fueron seducidos y les fue comprados sus servicios ofreciéndoles determinadas sumas de dinero. Según nuestras investigaciones esta trata de personas se viene incrementando de manera paulatina, pues en el año 2023 hubo un incremento de 154 por ciento de víctimas de este delito desde el 2020, donde hubo 161 denuncias; mientras que en el 2021 se registraron 181, y en el 2020 un total de 104; lo anterior de acuerdo con el ente de control, según reportes de la Estadística Delictiva de la Policía Nacional, cuando se tiene conocimiento que en el pais se tienen registrados 8.295 delitos sexuales contra menores de edad, de los cuales 4.605 fueron contra niños y niñas y 3.690 contra adolescentes.
Así mismo otro organismo garante como es la Defensoría del Pueblo, por intermedio de su defensor Carlos Camargo Assis, señala: “Continúa siendo un desafío para la institucionalidad gubernamental hacerle frente a la explotación sexual de menores de edad en Colombia. Es por ello que desde esta entidad reiteramos nuestro llamado, como lo hemos venido realizando desde días anteriores, para que las niñas, niños y adolescentes no sigan siendo victimas de tan lamentable y aberrante práctica”, lo anterior basado en lo ocurrido en la region antioqueña, donde un extranjero, en un hotel ubicado en el suroriente de la ciudad, estaba acompañado por dos menores de edad de 12 y 13 años. Al igual que este alto funcionario existen varios pronunciamientos de diferentes entidades que no han podido dejar a un lado lo que la misma ley establece: “El pago de 1 dólar a todo extranjero que visite el pais, con el propósito de ser destinado exclusivamente a la lucha contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. A manera de ejemplo, si en un año visitan tres millones de personas provenientes de otras naciones, serán tres millones de dólares los recaudados, dinero que servirá, y demasiado para combatir semejante flagelo; ya que es una medida que esta quieta, y ahora se requiere urgentemente su reglamentación”.
En nuestro pais Colombia, la explotación sexual implica aprovechar o tratar de aprovechar una situación de vulnerabilidad o diferencia de poder, o bien de abusar de la confianza para fines sexuales, lo que, entre otras cosas, incluye obtener ganancias monetarias, sociales o políticas por explotar sexualmente a otras personas. En nuestro querido territorio caucano, este flagelo se vive continuamente, pues así lo han venido denunciando comunidades afrodescendientes, mestizas, indígenas y campesinas y más que todo cuando existe un conflicto armado de por medio. Se espera que las alcaldías inicien ya campañas: NO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MENORES.
