Por: Harold Mosquera Rivas
El vídeo de lo sucedido hace apenas unos días en Jamundí le da la vuelta al mundo. En él se ve a un humilde trabajador informal del rebusque, que cuida carros y motos en la calle, realizando su labor. Pone cartones sobre los asientos de las motos para que no se calienten. El pago por esos servicios son algunas monedas que de manera voluntaria los propietarios de los vehículos le dan al trabajador. Con esta actividad es probable que sustente la economía de una familia en la que la esposa y los hijos, si los tiene, dependen de su quehacer. De pronto, un hombre llega a parquear su motocicleta, la acomoda y la deja en manos del cuidador, quien de manera inocente continúa con su labor, poniendo cartones a los asientos de las motos. En fracción de segundos se escucha un estallido, la última motocicleta dejada en el parqueadero resultó ser una moto bomba, que el propietario explotó de manera controlada, causando daños en los alrededores, pero en especial, al cuidador de vehículos, quien de manera milagrosa no perdió la vida, pero recibió lesiones graves que lo acompañarán por el resto de su existencia, ya convertido en una víctima más del conflicto armado. Lo increíble es que, el autor de tan execrable crimen, haya parqueado la moto, justo en el lugar donde este luchador de la vida, se rebuscaba y no haya tenido la consideración siquiera de alejarlo del lugar, para evitarle las graves lesiones que le causó. Lo que resulta entendible, pues si es capaz de dejar una moto bomba en un lugar por el que cualquier persona puede pasar de manera aleatoria y terminar pagando sin saber por qué, es capaz de cualquier cosa. Lo triste de esta historia es imaginarse quién va a responder ahora por la familia del cuidador de vehículos, quien ocupará su lugar en la misma calle, que ahora se encuentra caliente por lo sucedido. Quién responderá por su esposa y sus hijos, si los tiene. Es seguro que su régimen de salud sea el subsidiado, pues la labor que desempeña no da para pagar en el régimen contributivo, donde se requieren $370.000 mensuales para cubrir salud y pensión. En consecuencia, tampoco tendrá posibilidad de reclamar a una administradora de pensiones por una eventual invalidez. Y en su condición de víctima, le corresponde hacer fila con quienes sufrieron antes una situación similar, para esperar el día en que el estado le de algún beneficio. Le queda la alternativa de iniciar una demanda de reparación directa, es decir contra el estado, para procurar que le indemnicen los perjuicios, lo cual presupone probar que hubo una falla de los organismos encargados de prevenir y evitar este tipo de atentados, cosa que en derecho no es fácil, pero que además tarda entre 6 y 7 años, dependiendo de múltiples factores. Este es tan solo una de los ejemplos que cada día vemos en las noticias nacionales, respecto de un conflicto que en número de víctimas compite con la guerra de Ucrania y la de Gaza. La cuestión es que aquí ya nos acostumbramos a estas noticias, mientras seguimos esperando el cambio.
