Las soluciones que el gobierno de Gustavo Petro propone deben ser de una envergadura proporcional a los desafíos que enfrenta la región para lograr la paz total y una reforma agraria efectiva, el gobierno debe abordar las múltiples dimensiones del conflicto en el norte del Cauca. Esto requiere un esfuerzo institucional sin precedentes.
El conflicto por la tierra en el norte del Cauca tiene una historia larga y sangrienta, pero de esa historia no voy a hablar ahora. Tan solo súmele la de las masacres que continúan en un aumento doloroso. La masacre del Nilo en 1991 es un triste recordatorio de la violencia que ha plagado la región. En esa ocasión, paramilitares, en colaboración con la fuerza pública, asesinaron a 21 indígenas nasas en una incursión en la hacienda El Nilo, una operación orquestada por conocidos actores paramilitares y el propietario de la hacienda. Este caso, llevado ante el Sistema Interamericano de Justicia, evidencia la brutalidad y la impunidad con la que se ha manejado el conflicto en el pasado.
Según Carlos Duarte, investigador de la Universidad Javeriana de Cali, subraya que el Cauca es uno de los departamentos con mayor diversidad étnica, de organizaciones sociales y de biodiversidad. Pero que la concentración de tierras en el Cauca es más alta que el promedio nacional, y los problemas de tierras son antiguos, arraigados en la historia misma de la república. En la actualidad el norte del Cauca, con menos de 357.000 hectáreas, es un microcosmos de las tensiones sociales de Colombia. Allí, 51.000 hectáreas están destinadas al cultivo de caña, 40.000 a la protección ambiental, y 20.000 a resguardos indígenas que aspiran a expandirse a 100.000 hectáreas. Además, las comunidades afro pretenden 240.000 hectáreas y los campesinos piden 102.000 hectáreas para zonas de reserva. En total, las demandas superan ampliamente la disponibilidad de tierras, creando una situación insostenible.
El territorio también atravesado por cultivos ilícitos y actividades de minería ilegal, donde operan diversos grupos armados como las disidencias de las FARC, el ELN, grupos armados que no están por ideas “revolucionarias” sino por el poder de la tierra para seguir manteniendo el negocio del narcotráfico que les venía dando grandes dividendos. El Clan del Golfo y carteles de drogas como el Sinaloa. Este complejo panorama no solo dificulta cualquier solución, sino la gran amenaza para las comunidades que habitan el norte del Cauca.
La violencia y el conflicto territorial también han tenido un impacto significativo en la economía local. Los ingenios azucareros y otras industrias en el norte del Cauca se han visto afectadas por los atentados y la inseguridad.
Un escenario en el que se encuentran las comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinos cañeros, que se han enfrenado entre ellos también por la posesión de las tierras, donde convergen grandes haciendas y minifundios.
Por lo tanto, es un escenario bastante complicado. Con este panorama social y que además debe incluir en una reforma agraria la redistribución equitativa de tierras, sino también la erradicación de cultivos ilícitos, la protección del medio ambiente, y la inclusión o eliminación de los actores violentos o incluir a todos los actores en el proceso de paz. Tremendo desafío.
