Por Walter Aldana Q
El gobierno retiró a Felipe Tascón de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Parecía más un Youtuber del presidente que el encargado de ejecutar la política de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Y es que nuestra tragedia es de un tamaño monumental. Veamos algunas cifras de cuando estábamos en la época de las vacas gordas: en nuestro Cauca hay cerca de veinte mil hectáreas sembradas de coca, a razón de diez mil matas por hectárea; establecerla cuesta $18 millones y sostenerla, $8 millones, que producen alrededor de 200 arrobas por hectárea en cada una de las cuatro cosechas por año.
Un pequeño productor o productora recoge 800 arrobas por año, y con 50 arrobas produce un kilo de base de coca; es decir, obtiene 16 kilos de base en un año, que vendidos al comprador a $2 millones el kilo en este momento de crisis del negocio, significa un ingreso anual de $32 millones para el productor o productora. Calculados en cerca de $16 millones los costos de producción (siembra, recolección, insumos, impuesto pagado a los grupos armados, etc.), le quedan $16 millones para atender sus gastos familiares, $1.333.333 en promedio por mes.
Los datos anteriores permiten concluir que las familias productoras de hoja de coca no obtienen ganancias desproporcionadas que justifiquen asimilarlos a la condición de narcotraficantes. Su vinculación a la producción de hoja de coca es responsabilidad de un estado indolente que las marginó a los territorios más alejados e inhóspitos, sin presencia de las instituciones estatales y de los bienes y servicios básicos, sin oportunidades y condenados a vivir con el estigma de ser señalados como delincuentes, como ilegales.
Por otro lado, quienes dedican extensas áreas a la producción de coca y, sobre todo, quienes realizan la producción y la comercialización de cocaína, viven una realidad bien diferente. Al pasar de la base de coca al clorhidrato de cocaína, las cifras se vuelven descomunales: un kilo de cocaína se paga en Miami a 30 mil dólares, algo así como 120 millones de pesos colombianos, 60 veces el precio pagado al pequeño productor por kilo de base de coca. Éstos son los verdaderos narcotraficantes, los mismos que financian campañas políticas locales, regionales y nacionales.
Ante esta realidad, la alternativa que el gobierno del presidente Petro viene posicionando inteligentemente en los foros internacionales, en el sentido de poner fin a la política de criminalización de las drogas, es la salida para desactivar un negocio que es escandalosamente rentable gracias a su condición de ilegalidad. La ruta de la descriminalización del tema hará que ese negocio pierda su principal estímulo, atacando el problema central del narcotráfico: las exorbitantes ganancias de una clase emergente narcotraficante que se enquistó en el país desde las tres últimas décadas del siglo anterior, con el apoyo o tolerancia de buena parte de las elites del país.
