Por CARLOS E. CAÑAR SARRIA – carlosecanar@hotmail.com
No logramos entender las reacciones de sectores retardatarios de la sociedad colombiana, en contra de la iniciativa del presidente Gustavo Petro, sobre la necesidad y posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, que está concebida en la Constitución Política de 1991, atendiendo a uno de los mecanismos de participación ciudadana, tal como lo señala el Artículo 374 de la Constitución Política, la cual podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referéndum.
La iniciativa presidencial, de por sí no es tarea sencilla, no obstante su propuesta, además de ser legal es legítima. Petro ha sido claro en el sentido de que su pretensión no es para cambiar de lleno la Constitución del 91, o de pretender perpetuarse en el
gobierno, enfatizando que no es adicto al poder.
Son siete aspectos centrales de la iniciativa presidencial: implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la Farc en 2026, argumenta que el Estado incumplió el acuerdo y se robaron la plata; condiciones básicas de existencia, referentes a salud, pensión mediante una renta para los más viejos y acceso al agua para toda la población; una reforma a la justicia para acercar el sistema judicial al ciudadano, centrado en la verdad y dispuesto a la reconciliación; la necesidad de un reordenamiento territorial alrededor del agua para incluir a los territorios excluidos; la inclusión en la Constitución normas para la lucha contra el cambio climático; priorizar la educación pública y la reforma agraria, además que la política monetaria se destine al empleo y a la producción y por último, separar la política de la financiación privada.
Lo anterior es lo que produce terror, escozor, gritos al cielo y rasgadura de investiduras de los opositores al cambio.
No puede ser considerado dictador un gobernante que propone cambios dentro de la Constitución y las leyes, que tiene la iniciativa de hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana cuando las circunstancias lo ameritan, de pretender ajustar la Constitución del 91 a las problemáticas actuales y aspirar a la construcción de un país más equitativo y justo.
Un llamado al pueblo es algo normal, cuando éste no es escuchado o incluido, al fin y al cabo, en una democracia el pueblo es el constituyente primario.
Algunos critican el hecho de que Petro en campaña asumió el compromiso de no jalarle a una Asamblea Nacional Constituyente. Hay que entender que en el ejercicio de la política como en la vida cotidiana, no siempre es posible cumplir lo prometido cuando las circunstancias cambian y esto nos recuerda al ex presidente Juan Manuel Santos, quien al ser criticado por sus frecuentes inconsistencias, respondía sin tapujos que “los únicos que no cambian cuando cambian las circunstancias, son los imbéciles”.
