Por CARLOS E. CAÑAR SARRIA – carlosecanar@hotmail.com
Una de las razones esenciales de toda empresa capitalista es el lucro. Es algo obvio, el problema está cuando el capital no tiene una función social.
La salud en Colombia se ha convertido en un lucrativo negocio para las empresas que prestan este ‘servicio’ y en un calvario para pacientes y usuarios. Miles de compatriotas lo han comprobado en carne propia, en familiares, amigos, conocidos, vecinos, etc.
Las EPS saben que entre más obstáculos y trabas les colocan a los usuarios, más lucro, más ganancia obtienen y el bien preciado de la salud y la vida, terminan valiendo un bledo. Al Estado sólo le ha importado beneficiar a un grupo selecto de mercaderes de la salud en detrimento del bienestar físico y mental de las personas.
Son múltiples los obstáculos que se les pone a los usuarios y pacientes para la consecución de citas médicas, programación de cirugías, hospitalización, formulación u obtención de medicamentos y demás procedimientos a los que tienen derecho. Hasta el momento la Tutela ha sido una de las alternativas constitucionales más recurrentes de los pacientes ante la renuencia de EPS y hospitales para responder seriamente a los requerimientos y necesidades de quienes sienten amenazadas su salud y sus vidas. Esta vía ha sido relativamente eficaz, por lo tanto insuficiente.
Por lo visto y por lo que se siente la disposición de la Corte Constitucional o la sentencia T-760 de 2008 mediante la cual exige al Estado disponer los mecanismos necesarios para materializar y proteger el derecho a la salud, hasta el momento vilipendiado en este país, no ha funcionado mucho. Por fin la Corte reconoció hace algunos años que la salud es un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento. Y por lo tanto, lo que en realidad los colombianos esperábamos es que no se toleraría más trabas, negligencias, trámites burocráticos y demàs obstáculos o negativas para la prestación del servicio de salud y por lo tanto el sistema debe garantizar medicamentos, procedimientos y tratamientos sin necesidad de recurrir a la Tutela. Todo esto dista mucho de ser así.
¿En dónde están los cambios sustanciales en cuanto a claridad respecto de los derechos que contienen los Planes de Beneficios de la Salud( antiguos Pos), estos derechos no pueden ser distintos basados en la capacidad de pago de los usuarios y habrá unificación en los regímenes contributivo y subsidiado; se evitarán demoras y negativas a los servicios médicos; EPS, hospitales y entes territoriales contarán con sostenibilidad financiera con ágiles desembolsos y compensaciones, etc.?
Se esperaba que los cambios seguramente se traducirán también en el ejercicio de la profesión médica, pues los médicos no podrían limitar fórmulas y exámenes y contarían con mayor libertad, sin que se siguieran exponiendo a las dictaduras de las EPS y de los hospitales que les obliga a restringir medicamentos, tal como hace unos años, un galeno le exponía a El Tiempo: “Donde yo trabajo nos calculan todo en porcentajes. El tope de formulación es del 65 por ciento, es decir que de 20 consultas, podemos recetar más o menos a 12 o 13 pacientes, y lo mismo para laboratorios, remisiones, radiología e imágenes diagnósticas”.
Muchos pensamos que el derecho al trabajo de los médicos dejaría de ser una amenaza ante las alternativas de recetar o no hacerlo, de ordenar exámenes o no, de remitir o no pacientes a especialistas por temor a perder su puesto, ya de por sí mal retribuido salarialmente por un Estado que da a los médicos un trato de profesionales de tercera y que en los últimos años les ha bajado a los estratos 3 y 4.
El Congreso de la República ha sido renuente también, en el diseño y aprobación de una reforma a la Ley 100, tan ajena a los intereses colectivos. De otro lado, desconocemos cuáles habrán sido las contradicciones entre la Corte Constitucional y la Ley 100, puesto que lo que se evidencia es que la salud va de mal en peor. Y la condición socioeconómica de los médicos y profesionales de salud, por el mismo estilo. Todo el mundo se queja del sistema de la salud y este sigue tan campante a pesar de los desvaríos.
Mientras el Estado colombiano no aplique un plan de economía social donde se prioricen derechos fundamentales como la salud de los colombianos, resulta utópica una verdadera democracia; mientras se sigan al pie de la letra los dictámenes de la economía neoliberal y con ello el privilegio de unos pocos para privatizar lo que debiera ser colectivo, mientras se sigan muriendo las personas en las puertas de los hospitales con la indiferencia de los gobiernos y bajo la complicidad de una justicia que nunca llega, difícilmente podríamos alcanzar una verdadera salud física y mental, tal como lo concibe la Organización Mundial de Salud. La salud y la educación en Colombia, siguen siendo las cenicientas en el orden de las prioridades para un Estado que cada vez se ha sentido más lejano.
Que un grupo reducido de congresistas hunda la reforma en detrimento de la salud y la vida de más de 51 millones de compatriotas no tiene justificación. Algunos inconscientes vienen pregonando a los cuatro vientos, que el hundimiento de la reforma a la salud es una derrota para el presidente Petro, desconociendo que la derrotada es la salud.
Sectores retardatarios de la sociedad colombiana, renuentes al cambio, vienen anunciando marchas en contra de intervenciones del gobierno a algunas EPS y se dice que entre los protestantes habrán médicos, algo inconcebible, toda vez que una de las pretensiones del gobierno es dignificar en todo sentido la profesión médica, que el sistema de salud les ha relegado a una baja categoría.
