Por Bernardo Ordóñez Sánchez*
En la política colombiana, las decisiones gubernamentales no solo afectan la agenda inmediata, sino que también moldean el debate público y la gestión de las instituciones estatales. La reciente decisión del presidente Gustavo Petro de establecer un día cívico ha suscitado controversia en múltiples sectores. Este análisis busca desentrañar las implicaciones de tal medida, que parece haber revelado tensiones internas y la influencia externa en la actual administración.
El presidente declaró el 19 de abril día cívico, centrado en el cuidado del agua. Esta fecha coincide con la conmemoración del grupo guerrillero M-19, del cual fue miembro Petro. La elección de este día ha generado especulaciones y críticas, sugiriendo que podría ser una estrategia para desviar la atención de temas urgentes como la reforma pensional y las recientes marchas en su contra.
Además, la declaración podría prever un posible racionamiento de energía, exacerbado por el fenómeno natural de El Niño y la escasez de agua. La falta de previsión y planeación del gobierno y la gestión anterior del Ministerio de Minas han sido criticadas por no haber atendido adecuadamente las advertencias sobre la escasez.
El mensaje del presidente, que promovía el ecologismo, ha sido visto por algunos como un error al incentivar la salida de las ciudades durante las protestas contra su gobierno, lo que podría interpretarse como una táctica para disminuir la participación en las marchas.
Informes indican que esta maniobra ha causado fricciones dentro del gobierno y con el Senado, que optó por no adherirse a la suspensión de actividades, mostrando un claro distanciamiento de la Presidencia. El impacto en el debate legislativo sobre la reforma pensional ha sido significativo, interrumpiendo un proceso que requiere atención continua y que podría seguir atrasando los tiempos.
La reacción pública y política ha irritado las tensiones, como lo demuestra la decisión del presidente del Senado, Iván Name, de mantener el día como laborable. Esto refleja una división interna significativa, y subraya el creciente cisma entre el ejecutivo y otras ramas del gobierno. La semana terminó revelando la deteriorada relación entre varios entes del gobierno y los alcaldes, que en su mayoría no acataron la resolución presidencial, como tampoco lo hizo la sociedad civil.
La declaración del día cívico, más allá de las reacciones inmediatas, podría tener consecuencias a largo plazo para la imagen y efectividad del gobierno de Petro. Un análisis cuidadoso debe considerar cómo tales decisiones influyen en la percepción pública y las alianzas políticas. Estos eventos subrayan la importancia de una estrategia política coherente y bien fundamentada, especialmente cuando Colombia enfrenta desafíos significativos. Las equivocaciones repetitivas de los estrategas presidenciales podrían ser más problemáticas en el actual contexto político.
Lo que sucedió el domingo 21 de abril en todas las plazas de las ciudades capitales e intermedias de Colombia, con las marchas que fueron multitudinarias contra las decisiones del gobierno, se manifestó el constituyente primario, rechazando la reforma a la salud y la intención del presidente de convocar una Asamblea Constituyente, debe tener una repercusión en las posiciones del gobierno.
*Economista M.B.A. Politólogo.
