Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.
La Universidad del Cauca, reconocida por su excelencia académica, enfrenta los conflictos generados por la carencia de una política integral de salud mental para asegurar el bienestar emocional y la dignidad de su comunidad universitaria. Esta falta se evidencia en la experiencia de un estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil, quien actualmente libra una batalla judicial que expone las deficiencias del sistema y revela la dureza de los directivos académicos, con consecuencias devastadoras para la salud emocional de los estudiantes.
Este estudiante, cuya identidad se mantiene en el anonimato por respeto a su privacidad, ha estado librando una batalla silenciosa desde septiembre de 2023. Con el peso abrumador de la depresión y la ansiedad, se vio obligado a tomar la difícil decisión de cancelar su semestre. Respaldado por informes médicos exhaustivos de psicólogos y psiquiatras, presentó su solicitud de cancelación de semestre ante la decanatura de la facultad. Sin embargo, la respuesta de la decanatura llegó tardíamente, en el mes de noviembre, cuando ya había acumulado notas perdidas y faltas. La falta de sensibilidad y comprensión por parte de las autoridades académicas es alarmante, pues no solo ignoraron la gravedad de la situación, sino que también pusieron en peligro el futuro académico y emocional del estudiante, ya que fue balanceado, es decir, quedó sin cupo para seguir cursando el programa de ingeniería civil.
La respuesta de la decanatura consistió en la transcripción de una normativa no aplicable al caso, donde justificaron su demora alegando que la fecha de cancelación del semestre solo se tendría en cuenta cuando la decanatura respondiera, es decir, en el mes de noviembre, cuando ya no había opción de recuperar ninguna materia perdida por faltas y por notas de cero por no haberse presentado, y no desde el mes de septiembre, cuando el estudiante presentó oportunamente su solicitud de cancelación de semestre, antes de que se registraran notas y faltas en el sistema. Además, indicaron que, debido a los trastornos padecidos por el estudiante, era mejor que no continuara con su labor académica justificando la decisión de quitarle un cupo en el programa.
Este pronunciamiento que no se sustenta en ningún concepto psicológico ni psiquiátrico, que justifica la negligencia administrativa y demuestra la crueldad de la decanatura de la Facultad de Ingeniería Civil, evidencia la falta de una política universitaria de salud mental al interior de la Universidad del Cauca.
La burocracia y la falta de una política clara en materia de salud mental han convertido a la universidad en una trampa para este estudiante, en lugar de ser un entorno propicio para su crecimiento y desarrollo personal. La indiferencia institucional hacia los problemas de salud mental de los estudiantes no solo pone en peligro su educación, sino también su vida y bienestar. Esta preocupante situación se agrava aún más si consideramos que las autoridades de salud han lanzado alarmas debido a los constantes casos de suicidio en la ciudad de Popayán y en el Departamento en general. El Cauca es una de las regiones con mayor incidencia de suicidios, independientemente de la edad o condición económica de las personas. Al parecer, esta tendencia está relacionada con problemas de salud mental que requieren atención urgente por parte de las autoridades competentes. El trágico suicidio de un estudiante de la facultad de derecho de la Universidad del Cauca en el mes de febrero de este año recalca la urgencia de implementar programas de atención en salud mental en beneficio de toda la comunidad universitaria.
Afortunadamente, el estudiante de nuestra historia no se rindió y buscó la intervención de la administración de justicia para hacer valer sus derechos a la educación y a la salud. En una primera instancia judicial, la decisión de la decanatura fue revocada y se ordenó al consejo académico de la facultad que reevaluara la situación, tomando en cuenta los informes médicos proporcionados por el estudiante.
Además, la orden judicial incluyó un exhorto importante para la universidad: establecer un programa de atención en salud mental que aborde tanto la atención personalizada como los conflictos administrativos con un enfoque holístico. Esta medida es un paso fundamental hacia la creación de un entorno universitario más compasivo y empático, donde se priorice el bienestar emocional de los estudiantes sobre cualquier otra consideración.
Sin embargo, la universidad ha incumplido con esta orden judicial. A pesar de que el fallo del Juzgado Administrativo de Popayán fue emitido el 23 de febrero de 2024, hasta la fecha la decanatura de la Facultad de Ingeniería Civil no ha proporcionado ninguna respuesta al estudiante. Esta falta de acción ha prolongado su sufrimiento y ha agravado sus padecimientos emocionales. La universidad del Cauca es la responsable en este momento de cualquier ideación suicida que pueda estar rondando en la mente del estudiante, para quien la posibilidad de continuar sus estudios es su tabla de salvación. Esta falta de respuesta es profundamente preocupante y refleja una cultura institucional que prioriza la burocracia sobre el bienestar humano.
Es urgente que la Universidad del Cauca reconozca la importancia de la salud mental en el éxito académico y personal de sus estudiantes. Implementar una política integral de salud mental y contar con un equipo adecuado de profesionales capacitados no solo garantizará una educación de excelencia y calidad, sino que también promoverá un enfoque humano en el proceso educativo. Los profesionales formados en la Universidad del Cauca contarán con herramientas indispensables en salud mental que les permitirán contribuir de manera significativa al mejoramiento de la sociedad.
