Por: Felipe Solarte Nates
Pocos días después que la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, publicó la dura carta en la que acusan a los diferentes frentes del Estado Mayor Central, EMC, de la disidencias de las FARC que actúan en la región, de estar más interesados en controlar el narcotráfico y la economía ilegal y acabar con las organizaciones indígenas y populares que no les marchan, -antes enfrentarse a las FFAA del Estado-, varios grupos de esta guerrilla desataron una oleada de ataques contra patrullas y puestos de Policía de poblaciones del norte del Cauca y sur del Valle y redoblaron una serie de amenazas contra las autoridades y la población civil que no les obedezca.
El tizón mayor que calienta el conflicto colombiano en el suroccidente del país se ha recalentado, con la encarnizada ofensiva contra las fuerzas armadas y la población de varios municipios, desatada por el EMC de las disidencias de las FARC que aprovechó el año y tres meses del cese al juego para rearmarse, afianzarse en el cañón del Micay, la cordillera occidental y luchar contra el ELN y la Nueva Marquetalia por extenderse a otros municipios del piedemonte de la cordillera central; y con sus recientes ostentaciones de poder armado busca presionar al gobierno a sentarse de nuevo en la mesa de negociaciones que en marzo suspendió con el sector más poderoso de las disidencias de las FARC, después que en Toribio asesinaron a una líder indígena que se oponía al reclutamiento de un menor.
Comprometida situación para el presidente Petro, que como política sustentadora del proceso de Paz Total y de sustitución de cultivos de uso ilícito, desde el principio de su mandato lanzó una campaña nacional e internacional por la legalización del uso recreativo, alimenticio, médico, cosmético e industrial de la marihuana y de la hoja de coca, pero que no tuvo el rápido eco esperado en el resto del planeta, y paradójicamente en el país, -yendo en contravía con la tendencia mundial-, la oposición en el Congreso colombiano en dos ocasiones boicoteó la legalización del cultivo de marihuana, negándoles una salida a los cultivadores del norte del Cauca donde es fuerte la guerrilla; mientras el negocio prospera en Europa, Canadá y los Estados Unidos, donde el presidente Biden acaba de proponer desjudicializar la marihuana.
En lo que llevamos de 2024, cerca de 30 de bloqueos a la carretera Panamericana se han sucedido, desatados por motivos que van, desde: luchas por la tierra, exigencia del nombramiento de maestros, dotación y arreglo de instituciones educativas y vías, incumplimientos a damnificados de tragedias como la de Rosas, hasta enfrentamientos al interior de las mismas organizaciones indígenas al dividirse.
Cuando parecen solucionarse después de intensas discusiones entre líderes de las comunidades, gobernadores de Cauca y Nariño y secretarios de sus despachos, con la participación en las negociaciones de ministros y funcionarios del alto gobierno; más tardan en anunciar un arreglo y de inmediato salta la liebre de otra movilización o paro promovido por otras comunidades de otros municipios que no encuentran más salida a la vista a sus cotidianos problemas y necesidades represadas.
Es un círculo vicioso que además de la reactivación de la guerra, después de la ruptura del cese al fuego con el EMC, de Iván Mordisco, golpea duramente la tranquilidad y precaria actividad económica de un departamento cafetero como el Cauca, la variada producción agropecuaria de Nariño y el normal transporte de carga y pasajeros e intercambio comercial entre la región suroccidental y fronteriza con el resto del país, donde el cultivo y procesamiento de la coca que pueden exportar por el océano Pacífico, se consolidaron como importante fuente de ingresos, junto a la minería ilegal y la creciente extorsión.
Casi en la mitad de su mandato el gobierno nacional enfrenta el gran reto de cumplir su promesa de iniciar la construcción de la doble calzada entre Popayán y Pasto, otras vías y obras de infraestructura educativa, en salud, y además poner en marcha proyectos productivos para potenciar la región pacífica y suroccidental del país, decisiva para su triunfo electoral y, que en el caso del Cauca, a pesar de tener a la vicepresidenta Francia Márquez, al ministro del Interior Luis Fernando Velasco Chávez y al director de la Agencia Nacional de Restitución de Tierras, Giovani Yule, no ha encontrado solución a las demandas de obras y proyectos y al cumplimiento de acuerdos firmados desde hace décadas por anteriores gobiernos.
Algunos dirigentes políticos de la oposición y analistas. consideran que en asuntos como los diálogos y negociaciones de paz, el gobierno fue muy complaciente con las organizaciones guerrilleras, al decretar desde el 31 de diciembre de 2022, un cese al fuego que en la práctica solo cumplieron el Ejército y la Policía, mientras el EMC de las disidencias y el ELN aprovecharon el terreno libre para extender sus áreas de influencia y sostener entre ellos encarnizados combates por dominar otros territorios y las economías derivadas del narcotráfico, minería ilegal, extorsión, en los municipios que habían tenido una temporada de relativa calma después de la desmovilización de las FARC en el gobierno de Santos.
La facilidad con que recobraron antiguas zonas de influencia durante el gobierno de Duque y el no copamiento de las zonas despejadas por parte de las instituciones del Estado y sus Fuerzas Armadas; más el incumplimiento de los acuerdos de paz en el gobierno anterior, facilitó el crecimiento de las guerrillas potenciadas después del generoso cese al fuego propuesto por el presidente Petro.
Las amenazas, desplazamientos, asesinatos de lideres indígenas, campesinos, ambientales y sociales que se les opusieron, más el reclutamiento forzoso o engañosos de menores, fueron las pesadas cargas que debieron soportar las comunidades atrapadas en medio de los enfrentamientos entre los grupos, sus paranoicas acusaciones de colaborar con el enemigo, las restricciones, carnetización y “los cobros de impuestos”.
La ruptura del cese al fuego con el sector más radical de las EMC, después que asesinaron a la líder indígena de Toribio, Carmelina Yule, cuando se opuso al reclutamiento forzado de un menor, fue el rebose del vaso de la paciencia que llevó al gobierno nacional a decretar el cese al fuego, cuando ya habían ganado suficiente terreno y poder durante un año y cuatro meses de vía libre para crecer y fortalecerse.
De nada ha valido que el presidente Petro los señale de haber perdido ideales revolucionarios y convertirse en bandas más parecidas a las de traquetos preocupados por el narcotráfico y control de las economías ilegales.
Ahora con las bombas y ataques fatales en Miranda, Corinto, Morales, Suárez, Jamundí, Dagua y otras poblaciones están mostrando su poderío y desafiando a las fuerzas armadas que después del prolongado cese al fuego parecen no estar preparadas para contener la arremetida.
El presidente Petro responde con discursos y desafíos altisonantes y el relevo del comandante del Ejército; pero en la práctica, después de repetidos Consejos de Seguridad, el Estado no logra controlar la situación.
En medio de los escándalos por corrupción destapados desde los carrotanques de la agencia de Riesgos y Desastres, al gobierno y a los caucanos que ocupan altas posiciones, les corresponde jugársela toda para lograr apagar el fogón en que está convertido el departamento y la región suroccidental del país.
Esperemos que tenga éxito la Misión especial de Paz con el Cauca iniciada por Planeación nacional y varios ministerios, que desde el 29 de mayo hasta mediados de junio estarán en Popayán con sus equipos de trabajo para reunirse con alcaldes y sus funcionarios con el fin de ponerse de acuerdo sobre las obras y proyectos productivos para incluir en los presupuestos de este año y del 2025 y 2026.
También que salgan adelante los diálogos a iniciar en Caracas el 24 de junio, para lograr la desmovilización de la Nueva Marquetalia con fuerte presencia en el Cauca.
Si no logran superar la crisis en lo restante del gobierno, está en juego el apoyo a sus futuras propuestas y promesas y la estabilidad económica, política y de orden público del suroccidente colombiano y del país.
