Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad
Iván Ramírez Quintero, de 81 años, nació en Roldanillo, Valle del Cauca. Ingresó al Ejército en 1963 en el Batallón de Ingenieros No. 5 Francisco José de Caldas y, aunque comenzó como Comandante de Pelotón en unidades de ingenieros, rápidamente se destacó en labores de inteligencia. Desde 1971 ocupó roles clave como Analista y Jefe de Sección en el Batallón Charry Solano, y posteriormente fue segundo Comandante y luego Comandante del mismo batallón hasta 1985. En 1985 asumió la comandancia del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, y en 1987 se integró a la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, siendo Comandante de la XI Brigada entre 1988 y 1989. En 1994 fue jefe de Sección II (Inteligencia) del Comando General de las Fuerzas Militares, y en 1995 Comandante de la 1ª División. Terminó su carrera como Inspector General del Ejército hasta 1998, con una comisión a Chile ese año.
En 1979 surgieron las primeras acusaciones en su contra, cuando cuatro miembros de Inteligencia Militar lo señalaron como uno de los creadores de la Triple A y coordinador de algunos de sus atentados dinamiteros. También fue responsabilizado por su papel en la operación de retoma del Palacio de Justicia en 1985, cuando era la máxima autoridad del Batallón Charry Solano, y por los delitos cometidos por esta unidad durante su comandancia.
Ramírez fue condenado por el delito de desaparición forzada, ocurrido durante la toma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando la guerrilla del M-19 se apoderó del edificio. También se le señaló, en declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de haber ordenado la desaparición forzada y el homicidio de varios líderes de izquierda en las décadas de los 80 y 90.
En mayo de 2023, el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a Ramírez, argumentando que había cometido “graves violaciones a los derechos humanos”. Esta acción reflejaba el creciente escrutinio internacional sobre sus actividades y decisiones durante su carrera militar.
Iván Ramírez Quintero es un fiel ejecutor de la doctrina de seguridad nacional en Colombia. Su alianza con el empresariado criminal y el paramilitarismo fue clave en la aplicación estricta política del enemigo interno, de la estrategia contra insurgente y la guerra de baja intensidad. Siendo uno de los ejes fundamentales para la planeación y ejecución de la política de persecución y eliminación implementada contra los sectores de izquierda en Colombia.
Recientemente, la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá lo condenó en segunda instancia a 31 años de prisión por la desaparición forzada durante la toma del Palacio de Justicia. Esta condena se emitió tras resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación y los representantes de las víctimas, en contra del fallo del 15 de diciembre de 2011, por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, que había absuelto a Ramírez Quintero por duda probatoria.
De acuerdo con la Sala Plena, existían pruebas suficientes tanto testimoniales como documentales para condenar al general (r) Iván Ramírez Quintero por la desaparición de Irma Franco, miembro del M-19. En el mismo caso, el coronel (r) Fernando Blanco Gómez también fue condenado. El fallo señala: “Está debidamente demostrada la ocurrencia y materialidad de la conducta desplegada por los procesados, junto con otros militares, para acometer, como lo hicieron, contra la libertad individual de la guerrillera Irma Franco Pineda, por lo que, siendo típica, objetiva y subjetivamente, la conducta, además de antijurídica y culpable, deben responder penalmente por ella”.
Recientemente el sargento José Leonairo Dorado Córdoba confesó ante la JEP su participación en crímenes durante los años noventa como miembro del Batallón de Contrainteligencia 1 y el Batallón de Inteligencia Charry Solano. Sus declaraciones implican al general (r) Iván Ramírez Quintero y otros altos oficiales del Ejército en el asesinato de líderes de izquierda, torturas, seguimientos y planes de asesinato, incluyendo al actual presidente Gustavo Petro. Dorado confesó que estos seguimientos buscaban eliminar a los líderes izquierdistas, como en el fallido intento de asesinato de Antonio Navarro.
Dorado relató su vinculación con el Ejército en 1984, comenzando una carrera criminal que incluyó seguimientos a políticos como Gustavo Petro, Antonio Navarro, Álvaro Leyva y Aida Avella, con reportes directos al general Ivan Ramírez Quintero. Según Dorado, la Brigada XX, bajo el mando de Ramírez, estaba alineada con grupos paramilitares.
Entre los crímenes más destacados confesados por Dorado y que involucran a Ivan Ramirez Quintero se incluyen:
- Manuel Cepeda Vargas (1994): Asesinato del senador de la Unión Patriótica, ordenado por generales como Harold Bedoya y Martín Carreño, con el grupo de sicarios dirigido por el mayor César Corredor.
- Eduardo Umaña Mendoza (1998): Abogado de derechos humanos asesinado tras meses de seguimiento ordenado por Ramírez Quintero.
- Guillermo Marín (1986): Exmilitante del M-19 secuestrado y torturado por sargentos Garzón y Medina, sobrevivió al ataque.
- José Cuesta Novoa (1988): Concejal de Bogotá sometido a torturas por orden del general Ramírez.
- Amparo Tordecilla (1989): Integrante del EPL secuestrada y asesinada en un intento de sabotear acuerdos de paz.
- Nydia Érika Bautista (1987): Exmilitante del M-19 secuestrada, victima de violencia sexual y torturada hasta la muerte, con órdenes de altos mandos militares.
- Alirio Pedraza (1990): Abogado de derechos humanos secuestrado y asesinado, sus restos enterrados clandestinamente.
- José Miller Chacón (1993): Asesinato del exintegrante de la Unión Patriótica, seguido y ultimado por sicarios de la Brigada XX.
- Pedro Movilla (1993): Líder del Partido Comunista secuestrado, torturado y asesinado.
Dorado detalló la estructura criminal dentro del Ejército, dirigida por Ramírez Quintero y apoyada por otros altos oficiales, con operaciones lideradas por una Compañía de Operaciones Especiales.
Desde 1977 hasta finales de 1998, los organismos de inteligencia del Ejército Nacional utilizaron todos los recursos disponibles para perseguir a personas vinculadas a movimientos políticos de izquierda. Esta persecución siguió un patrón común: primero, se controlaba y vigilaba a estas personas, investigando su vida personal, horarios, hábitos, residencia, trabajo, y círculos sociales, a menudo mediante infiltración. Luego, miembros de las unidades de inteligencia del ejército, vestidos de civil o con uniforme, procedían al secuestro y/o privación ilegal de la libertad de estas personas.
Las víctimas eran llevadas a instalaciones de las Fuerzas Militares o a lugares clandestinos, normalmente utilizando vehículos particulares registrados bajo unidades militares. No se presentaban órdenes de captura autorizadas por jueces ni se informaba a los familiares sobre el paradero de las víctimas. En estos lugares, las víctimas eran sometidas a torturas y tratos inhumanos para obtener información sobre grupos insurgentes o para que señalaran a otras personas. La mayoría de estos casos culminaron en desapariciones forzadas.
Estas revelaciones ponen de manifiesto la urgente necesidad de que el Estado colombiano revise y transforme su doctrina militar. La actual doctrina de seguridad nacional, basada en la noción del “enemigo interno” , guerra de baja intensidad y la estrategia contra insurgente, ha propiciado un entorno donde violaciones de derechos humanos y crímenes atroces pueden cometerse con impunidad. Es imperativo que se adopten nuevas políticas y enfoques que prioricen la protección de los derechos humanos y la dignidad de todos los ciudadanos. Solo así se podrá garantizar que la institución castrense no vuelva a producir individuos capaces de cometer tales monstruosidades.
