La reciente sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que reconoce la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la persecución sistemática contra el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (Cajar), es un paso crucial hacia la justicia y el respeto a los derechos humanos en el país. Este fallo, después de aproximadamente 25 años de lucha, representa un hito en la jurisprudencia interamericana al ser la primera vez que se reconoce la responsabilidad estatal por vulnerar el derecho a defender derechos.
El Colectivo de abogados y abogadas están suscritos a nuestro periódico El Nuevo Liberal y hemos publicado sus colaboraciones de tutelas que han interpuesto en defensa de los derechos de las comunidades indígenas como los UWA
El Colectivo Cajar, cuyos miembros han sido perseguidos, hostigados, estigmatizados y vigilados por su labor en la defensa de los derechos humanos, merece un reconocimiento por su valentía y compromiso con la justicia. Su trabajo ha sido fundamental en la protección de los derechos de las comunidades indígenas y de otros colectivos vulnerables cuyos derechos han sido violados.
Sin embargo, este fallo también pone de manifiesto las graves deficiencias en materia de derechos humanos en Colombia. A pesar de las garantías constitucionales y de los tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales de todas las personas, la realidad muestra que estos derechos continúan siendo vulnerados y que los defensores de derechos humanos enfrentan constantes amenazas y riesgos por su labor.
Es preocupante que en un país que se define como democrático y respetuoso de los derechos humanos, los defensores de derechos humanos sean objeto de persecución y hostigamiento por parte del Estado. Esto evidencia la falta de voluntad política para garantizar la protección de quienes trabajan en la defensa de los derechos fundamentales.
La sentencia de la Corte IDH debe ser un llamado de atención para las autoridades colombianas y para la sociedad en su conjunto. Es necesario que se adopten medidas efectivas para garantizar la seguridad y la protección de los defensores de derechos humanos, así como para asegurar que se respeten y se protejan los derechos de todas las personas, sin distinción alguna.
En última instancia, esta sentencia debe ser vista como una oportunidad para reflexionar sobre el estado de los derechos humanos en Colombia y para tomar medidas concretas para abordar las deficiencias en la protección de estos derechos para avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos para todos sus ciudadanos.
