Por Jaime Andrés Patiño
Algunas campañas políticas en Colombia se conforman como una especie de empresa con vida corta. Cuentan con su respectivo gerente, contador y por supuesto, su candidato. Estas personas suscriben la inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en el momento en el que oficialmente cumplen con todos los requisitos establecidos, bien sea por aval de partidos políticos o por firmas.
Estas campañas ayudan a elegir alcaldes; lo que llama la atención, es que muchos de ellos, que hoy ostentan poder político y administrativo, no fueron juiciosos a la hora de presentar dichos reportes financieros ante las autoridades electorales.
De acuerdo al Artículo 25 de Ley 1475 de 2011, la presentación de toda la información, con sus respectivos soportes, tanto de todos los ingresos, como de todos los gastos, debe realizarse ante la organización política que los avaló en los términos previstos por la Ley. Lo que quiere decir que ya no habrá posibilidad de presentar modificación de los reportes presentados; imagino yo, esperarán pasar de agache y que nadie los delate.
Operativamente hablando, esta información se entrega a través del portal “Cuentas Claras”, que es controlado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Este sistema permite a cualquier ciudadano consultar la información presentada por los entonces candidatos. Les dejo la página web de consulta: https://app.cne.gov.co/fondo/public/informes/cne#/
Ahora bien, la mayor cantidad de fallas pasan desapercibidas incluso por las autoridades electorales, principalmente por qué no les gusta informar en realidad quiénes son algunos de sus benefactores. En consecuencia, no reportan las donaciones en efectivo y mucho menos las aportadas en especie por ciudadanos o empresas que apostaron a sus propuestas.
Aun así, los entes de control empiezan sus respectivas investigaciones por que reciben denuncias de personas que aportaron a las campañas y no ven reflejados estos aportes en los registros, lo que puede desembocar en durísimas sanciones a quienes omitieron la información.
Las sanciones administrativas las realiza el CNE, mediante la imposición de multas económicas a los candidatos y gerentes de campaña. Por otro lado, la sanción penal podría enfrentar procesos vinculados a delitos como el fraude procesal, que tasa penas entre los 6 y los 12 años de prisión y multas entre los 200 y 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas de 5 a 8 años.
En cuanto a la violación de topes electorales, se puede dar pérdida del cargo a los alcaldes; la cual será decidida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo con el procedimiento para declarar la nulidad de la elección. En este caso, el término de caducidad se contará a partir de la ejecutoría del acto administrativo por medio del cual el CNE determinó la violación de los límites al monto de gastos.
Si usted conoce de algún caso: ¡DENUNCIE! ya va siendo hora de que la transparencia se haga costumbre en los procesos democráticos. El que no reporta toda su información en campaña, mucho menos será honesto en su ejercicio público.
