Luego de medio siglo de conflicto armado y tres procesos de paz fallidos, la guerrilla más antigua del mundo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), inició un diálogo con el gobierno colombiano con la promesa de silenciar sus armas y transitar hacia la esfera política. Este momento generó una inmensa esperanza en un país desgarrado por la violencia. Sin embargo, la euforia de la paz pronto se desvaneció, dando paso a una realidad marcada por nuevas amenazas y persistentes violencias.
La firma del Acuerdo de Paz en 2016 fue vista como un hito histórico. Muchos colombianos, incluyendo comunidades rurales y urbanas, esperaban que este fuera el fin de décadas de sufrimiento. La transición de las FARC a un partido político, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, simbolizaba un nuevo capítulo. Se esperaba que la violencia disminuyera y que las zonas rurales, en particular, pudieran experimentar desarrollo y estabilidad.
Desafortunadamente, la realidad fue distinta. Como señala el coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), “mientras en el país se hablaba de paz y de implementar los acuerdos para lograr la no repetición de la violencia, en nuestros territorios pronto volvieron las amenazas, los asesinatos selectivos y las masacres”. Esta declaración resalta un problema crítico: la criminalidad y la violencia se han mantenido e incluso se incrementaron de manera aterradora en algunas áreas, superando la capacidad de la institucionalidad para responder eficazmente. Como en este sur del país y específicamente en el departamento del Cauca.
Los grupos armados que coexistían con las FARC, así como los disidentes que se alejaron del proceso de paz y aquellos que retomaron las armas tras la desmovilización, llenaron el vacío de poder dejado por la guerrilla. Estos grupos se han enfrascado en disputas territoriales que han tenido consecuencias devastadoras para las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. Estas poblaciones, a quienes el Acuerdo de Paz prometió protección y desarrollo, se encuentran nuevamente atrapadas en el fuego cruzado.
La implementación del Acuerdo de Paz ha sido lenta e inconsistente. El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de los derechos humanos subraya en su informe sobre Colombia que las violaciones de derechos humanos siguen siendo alarmantemente frecuentes. Las comunidades afectadas por el conflicto no han visto mejoras significativas en sus condiciones de vida ni la protección esperada. Las promesas de justicia, reparación y no repetición parecen cada vez más lejanas.
El Acuerdo de Paz en Colombia, aunque simbolizó un momento de esperanza, ha fracasado en cumplir plenamente sus promesas. La rápida adaptación de los grupos armados y la insuficiencia de la respuesta institucional han perpetuado la violencia. Las comunidades más vulnerables continúan sufriendo, y el país debe enfrentar la realidad de que la paz verdadera requiere más que acuerdos; necesita acción efectiva y un compromiso renovado con la protección y el desarrollo integral de todas sus regiones.
