Hay un fenómeno de trayectoria en América Latina, pero en Colombia si que sucede en los últimos tiempos denominadas como “salpicadas”, “señalamientos”, “encochinadas”, etc. Es decir, ese ejercicio que se usa como estrategia de guerra judicial en el país y que se emplea para socavar el poder y la legitimidad de líderes y es lo que se denomina como Lawfare.
Pero esto no es nuevo, como lo dije, es un fenómeno que ha sido una trayectoria en América Latina, como decía mi padre “ponen a la gente subir y bajar gradas en los juzgados”. A eso lo he denominado para Colombia como Lawfare criollo, fenómeno que merece un análisis crítico debido a sus implicaciones en la democracia y el Estado de derecho en la región.
Antes se ha visto el Lawfare en América Latina y el Caribe para líderes con pensamiento crítico y progresistas. Cómo durante finales del siglo XX marcó un cambio revelador en el mapa político y en los últimos tiempos en el continente, desafiando los intereses tradicionales del sector público-privado. Gobiernos, comprometidos con agendas progresistas y reformas sociales, se ven enredados en denuncias, acusaciones de tipo legal. Pero mientras se aclaran estas salpicadas judiciales, ¿quién limpia el honor?
El lawfare emergió como una herramienta aparentemente democrática pero altamente efectiva para desestabilizar y desacreditar a estos gobiernos. Aunque disfrazado de proceso judicial legítimo, el lawfare ha sido utilizado para deslegitimar a líderes y lideresas especialmente progresistas, minar su poder político y socavar sus posibilidades de ser elegidos, de bajarlos de la plataforma política con desacreditación judicial. Esta estrategia opera combinando operaciones judiciales, mediáticas, políticas y económicas, lo que refleja una forma de guerra híbrida que busca reconfigurar la geopolítica regional.
Es importante destacar que el lawfare tiene sus raíces en estrategias militares, específicamente en la guerra de amplio espectro o guerra híbrida. En décadas pasadas, los golpes de Estado clásicos fueron utilizados para derrocar gobiernos de izquierda; hoy, el lawfare cumple una función similar, pero bajo el disfraz de la legalidad y el respeto por las instituciones democráticas.
Esta paradoja representa una amenaza seria para el Estado de derecho y la democracia en el país. La demolición del Estado de derecho en nombre de la ley socava los fundamentos mismos de la democracia representativa y del orden jurídico justo.
Además, esta amenaza no se limita a América Latina. Una vez probada su eficacia en esta región, el lawfare podría extenderse a otros países, lo que plantea interrogantes sobre la integridad de las democracias en un contexto global. La manipulación legal y mediática con fines políticos es una práctica peligrosa que amenaza la estabilidad y el respeto por los derechos humanos en todo el mundo.
Para concluir, el lawfare representa una forma contemporánea de guerra política que desafía los principios democráticos y el Estado de derecho. Es fundamental estar alerta ante estas prácticas y defender los valores fundamentales de la democracia frente a cualquier intento de manipulación judicial con fines políticos.
