Procuraduría General de la Nación inicia indagación preliminar sobre Contrato Interadministrativo entre la Administración del Municipio de Popayán y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
Por REDACCIÓN EL NUEVO LIBERAL
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación preliminar para determinar posibles irregularidades en el proceso de actualización catastral multipropósito llevado a cabo por el Municipio de Popayán en colaboración con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) durante el año 2020.
La investigación se centra en evaluar cualquier incumplimiento que haya podido surgir en el controvertido contrato interadministrativo. La supervisora, Yasmín Hurtado, denunció retrasos en la entrega de productos y en el desarrollo de actividades por parte del IGAC, lo que ha generado inquietudes sobre la ejecución eficiente del proceso.
Desde su inicio, el proceso de actualización catastral ha sido objeto de críticas, particularmente por parte de organizaciones cívicas como el Comité Ciudadano por Popayán. Estas entidades han expresado preocupaciones sobre la falta de transparencia y la posibilidad de perjuicios a los contribuyentes.
En caso de confirmarse irregularidades, no solo se aplicarán sanciones disciplinarias a los responsables, sino que también se podría declarar la nulidad de la actualización, con consecuencias administrativas y fiscales para el cobro del impuesto predial. Es crucial que los entes de control examinen a fondo este proceso marcado por inconsistencias.
La suspensión anunciada previamente del cobro de la sobretasa de la CRC por parte del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca es un primer paso, pero se espera que las medidas correctivas vayan más allá si se evidencian daños al erario o violación de los derechos ciudadanos.
En este contexto, es imperativo que se brinde claridad a los ciudadanos de Popayán sobre la ejecución de este proceso de actualización catastral, el cual afecta a todos los propietarios de la ciudad. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener la confianza en las instituciones y garantizar un manejo adecuado de los recursos públicos.
