En la Audiencia Pública celebrada en Popayán para discutir la Reforma a la Ley de Víctimas, el Representante a la Cámara por Cauca, Óscar Rodrigo Campo Hurtado, destacó un punto crucial: sin una reparación integral a las víctimas, la garantía de no repetición de los conflictos es una meta inalcanzable.
Por Daniela Mondragon , El Nuevo Liberal
El evento permitió la participación activa de las mesas de víctimas y representantes de diversas asociaciones y organizaciones, quienes expresaron sus inquietudes y preocupaciones ante la Comisión primera de la Cámara y otras instancias gubernamentales. En este sentido, se hizo hincapié en la necesidad apremiante de una implementación efectiva de la ley, asegurando que esta no sea solo un conjunto de normativas en papel, sino un instrumento vivo que pueda brindar verdadera justicia y reparación a quienes han sufrido el flagelo del conflicto armado.
El Representante Campo subrayó que la reparación integral de las víctimas es un pilar fundamental para la no repetición de los hechos violentos. Además, enfatizó la importancia de la coordinación entre autoridades locales y regionales para garantizar que los planes de acción diseñados en conjunto con las mesas de víctimas reciban la financiación necesaria para su implementación. Esta colaboración interinstitucional, según Campo, es esencial para traducir las buenas intenciones del gobierno en medidas concretas que fortalezcan la institucionalidad y promuevan la reconciliación.
Durante la Audiencia Pública, las víctimas reiteraron su petición de que el proceso de reparación se aborde desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta sus proyectos de vida como prioridad. Este enfoque, según argumentan, es esencial para que la reforma sea un mecanismo eficiente y efectivo en el proceso de reconciliación nacional.
El Representante también destacó la importancia de la articulación entre instituciones para llevar a cabo una reparación integral de aquellos afectados por décadas de conflicto, especialmente en regiones como el Cauca, que han sido testigos de violencia y sufrimiento. En este departamento, más del 33% de la población, aproximadamente 500.000 personas, son consideradas víctimas del conflicto armado. A pesar de la firma del acuerdo de paz, el territorio ha vuelto a experimentar brotes de violencia, confinamientos y reclutamientos por parte de grupos al margen de la ley, lo que resalta la urgencia de una atención integral a las víctimas.
