Por Bernardo Ordóñez Sánchez*
Más allá del control legislativo, es esencial que tanto gobiernos como el sector privado faciliten herramientas dentro de la democracia participativa para que la ciudadanía ejerza tanto el control público como el social sobre la gestión pública.
El control público y social en Colombia no debe limitarse únicamente a los organismos constitucionales, también es crucial considerar valores, creencias y comportamientos, que configuran un control cultural y político esencial para mantener la paz social. Por lo tanto, es fundamental involucrar a la sociedad activamente en la vigilancia y seguimiento de las acciones del Estado.
Aunque el control público ha evolucionado hacia mecanismos más efectivos de supervisión y participación ciudadana, sigue siendo vital promover una participación activa en el control de las acciones gubernamentales a niveles nacional, regional y local para fortalecer la democracia y prevenir abusos, autoritarismo y corrupción.
En un contexto de incertidumbre en la gobernanza, es crucial centrase en acciones prácticas de corto plazo que generen un impacto significativo en la sociedad y refuercen la confianza ciudadana.
Actualmente, la percepción en Colombia es que el control social puede estar influenciado por intereses políticos. No obstante, es crucial distinguir entre el control social, que busca la participación activa de la sociedad en la mejora de políticas públicas, y el control político, que implica la supervisión y fiscalización estatal del gobierno.
Es esencial fomentar una cultura de control social moderna que trascienda divisiones políticas y se enfoque en el bien común, permitiendo que la sociedad civil juegue un papel activo en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
El gran desafío es vincular el sector privado y enfocar el bienestar común en el control social como una participación independiente, promoviendo una cultura social empresarial. Esto incluye incentivar a las empresas a participar activamente en el desarrollo sostenible, el impacto ambiental, las prácticas laborales, la ética empresarial y su contribución al desarrollo económico y social.
Hay diversas variables a considerar en este componente de control social, evidenciadas en la “Quinta Medición del Capital Social de Colombia – BARCAS 2023 en Medellín” (BARCAS: Barómetro de Capital Social), realizada por la ONG Contrial, cuyos resultados preliminares se pueden consultar en su página web: www.contrial.co
El diálogo y las alianzas entre empresas, organizaciones de la sociedad civil y la academia son fundamentales para identificar problemáticas comunes y diseñar iniciativas que promuevan la participación ciudadana y la colaboración empresarial en la resolución de necesidades sociales.
Finalmente, es crucial que la sociedad civil no solo esté articulada con la oferta estatal, sino que también tome la iniciativa para modernizarse y fomentar la participación de organizaciones cívicas comprometidas con la planificación sostenible y el desarrollo del capital social.
*Economista M.B.A. Politólogo. Exconcejal de Bogotá
