Las acusaciones se centran en la presunta comisión del delito de contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales por parte de María Liliana Vargas Guzmán, actual secretaria de dicha entidad administrativa
Por REDACCIÓN EL NUEVO LIBERAL
La gestión del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo en Popayán se ve ensombrecida por serias acusaciones de irregularidades que involucran a la Secretaría de Tránsito y Movilidad de la ciudad. En el centro de la controversia se encuentra María Liliana Vargas Guzmán, actual secretaria de dicho departamento, quien ha sido citada por la Fiscalía 46 Seccional de Unidad de Delitos contra la Administración Pública debido a presuntas violaciones en los procedimientos de contratación.
Las acusaciones se centran en la presunta comisión del delito de contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales por parte de Vargas Guzmán. Estas alegaciones plantean interrogantes sobre la legitimidad de los contratos realizados bajo su supervisión, lo que compromete la transparencia y la integridad en la gestión pública, valores que el alcalde Muñoz Bravo ha prometido defender.
La falta de observancia de los requisitos legales representa un serio menoscabo al uso adecuado de los recursos públicos, erosionando la confianza de los ciudadanos en las autoridades locales y violando los principios esenciales de legalidad y transparencia en la administración pública.
Resulta especialmente cuestionable el nombramiento de María Liliana Vargas Guzmán en un cargo de tanta sensibilidad, considerando las circunstancias. La situación actual de la movilidad en Popayán es desastrosa, con problemas como la falta de reguladores, fallas en semáforos en varias intersecciones y una aparente ausencia de autoridad en la gestión del tráfico, lo que hace imperativo un liderazgo efectivo en la Secretaría de Tránsito y Movilidad.
La investigación en curso sobre las presuntas irregularidades en la contratación en la Secretaría de Tránsito de Popayán plantea serias preocupaciones sobre la integridad y la transparencia en la gestión pública local. Es fundamental que las autoridades competentes actúen con diligencia para esclarecer estos asuntos y restaurar la confianza de los ciudadanos en la administración municipal.
