Por: Sofía López Mera, abogada, defensora de derechos humanos y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad.
“Buenas tardes, Doctora Sofía. Habla Valery Chilgueso”. Con una voz de niña, pero con la elocuencia de una adulta, así saludó Valery en un mensaje de voz de WhatsApp, contándome cómo fue su reclutamiento forzado. Era evidente que la dinámica de la guerra le arrebató su infancia, enfrentándola a situaciones que ningún niño colombiano debería vivir. Continuó su relato explicando que la habían reclutado en las filas de la columna Urias Rondón mediante engaños. Señaló que desde que su hermano se fugó del grupo armado, la persecución contra la familia se hizo insostenible, clamando por ayuda: “Yo necesito ayuda, como me pueden colaborar, sinceramente esto se pasó a mayores, nos buscan ya la marquetalia, elenos, y necesitamos unas ayudas de ustedes, como nos pueden colaborar por favor, a mi madre, a mis hermanos, a mi familia”. Envió el mensaje de voz cuando se encontraba en el hogar que le asignó el ICBF, donde fue discriminada por ser indígena y haber sido combatiente. Luego, en la última carta que le escribió a su madre, dijo: “Somos una desgracia para la familia, pero recuerda que por estudiar no pagan, y por eso tomamos esa decisión de irnos para donde usted ya sabe y queremos ayudarla. Nunca se olvide de mí y de mi hermano. Yo siempre la voy a apoyar, querer, amar y respetar. Si algún día llega a ocurrir algo conmigo, no intente lo que usted me dijo”. Lo que Valery temía que ocurriera, sucedió. El 8 de marzo fue asesinada en un combate entre las estructuras de las EMC de las FARC y el ELN. Ella, menudita, con tan solo 14 años, a quien esta maldita guerra le arrebató su infancia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha adoptado la Resolución 34/2024, otorgando medidas cautelares a Valery Chilgueso y a Diana Montilla Moreno, abogada defensora de derechos humanos, así como a sus respectivos núcleos familiares. Esta decisión se adoptó por la gravedad y urgencia de la situación en la que se encuentran, con sus derechos a la vida e integridad personal enfrentando un riesgo de daño irreparable.
La medida cautelar evidencia el flagelo del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el departamento del Cauca. Esta práctica, que constituye una grave violación a los derechos humanos, se ha visto exacerbada por la intensificación de la guerra en la región. Grupos armados ilegales han aumentado sus actividades de reclutamiento forzado, aprovechando la vulnerabilidad de las comunidades rurales, sumiéndolas en un ciclo de violencia y desplazamiento forzado interminables.
Además, también aborda la preocupante situación de seguridad de los abogados defensores de derechos humanos en el suroccidente colombiano. En el contexto actual, los defensores enfrentamos crecientes amenazas y hostigamientos por la realización de nuestra labor. El recrudecimiento del conflicto armado en Colombia ha intensificado los ataques y persecuciones contra quienes buscamos el acceso a la justicia para la superación de la impunidad y la defensa de los derechos humanos.
En el 2021, cuando la menor indígena Valery Chilgueso Dagua, hija de Sonia Chilgueso, tenía 12 años, fue reclutada a la fuerza por estructuras de las EMC de las FARC. En agosto de 2023, Valery llegó herida al hospital de Pasto, donde pidió ayuda a la abogada defensora de derechos humanos Diana Montilla. Con la asistencia de Montilla, la menor fue remitida a un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Sin embargo, Valery fue discriminada por ser indígena y haber sido combatiente, y no fue escolarizada, razones por las cuales se fugó mientras estaba bajo custodia del ICBF. Mientras tanto en la ciudad de Pasto la abogada Diana Montilla empezó a sufrir seguimientos y hostigamientos por haber ejercido su labor de acompañamiento a la menor.
El 8 de marzo, Sonia Chilgueso recibió la noticia de que su hija había fallecido en un combate con el ELN en el municipio de Cumbitara, Nariño. El cuerpo sin vida de Valery permaneció a la intemperie durante aproximadamente tres semanas hasta que la familia, a través de la Corporación Justicia y Dignidad, presentó una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana. Su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal de Cali, donde hasta la fecha no ha sido entregado a sus familiares.
El caso de Valery no es único, ya que su hermano, también menor de edad e indígena, fue reclutado forzadamente, aunque logró escapar de las filas de las EMC de las FARC y fue remitido al ICBF. Al igual que su hermana, se escapó del ICBF y se instaló en una zona rural del Cauca. Después de la desaparición de Valery, el menor y su madre, Sonia Chilgueso, empezaron a ser perseguidos por el grupo armado, sufriendo tres desplazamientos forzados en el Cauca antes de salir del departamento debido a la inminente materialización de las amenazas de muerte. Ante esta situación, la familia de Valery y la comunidad indígena exigen respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades para esclarecer el caso y garantizar justicia para la menor y su familia, pero también protección integral en salvaguarda de su vida e integridad..
La Comisión Interamericana determinó que las personas beneficiarias de la medida cautelar están expuestas a amenazas graves, incluyendo ser declaradas objetivos militares, seguimientos por parte de grupos armados, desplazamientos forzados e intentos de secuestro. “Un caso particularmente preocupante es el de la hija de Sonia Chilgueso, cuyo paradero es desconocido y se teme que haya fallecido en un enfrentamiento entre grupos armados. Este caso ilustra la urgencia y gravedad de la situación”.
En respuesta a estos riesgos, la CIDH ha solicitado al Estado de Colombia que adopte las siguientes medidas:
- Implementar medidas necesarias y culturalmente adecuadas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las beneficiarias.
- Determinar la situación de V.C.D., hija de Sonia Chilgueso Dagua, cuyo paradero es desconocido.
- Concertar las medidas a adoptarse con las beneficiarias y/o sus representantes.
- Informar sobre las acciones adelantadas para investigar los hechos que dieron lugar a la medida cautelar y evitar su repetición.
“No te preocupes por mí, mamá, voy a estar bien”, dijo Valery en su última carta a doña Sonia. “Te quiero mucho, te amo y gracias por tu cariño, comprensión y por apoyarme. Te amo de todo corazón. Cuídate mucho, madre. Te quiero un montón, madre“. Así se despidió una niña que jamás debió conocer la guerra ni morir asesinada en un combate. Los familiares de Valery esperan que, con la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana, puedan al menos darle una sepultura digna a sus restos, que aún se encuentran en Medicina Legal.
“Que pare el reclutamiento, nosotras las mujeres no parimos hijos para la guerra”.
